El primer visitador del organismo informó que trabajan en acreditar el nivel de responsabilidad que tuvieron los servidores públicos en la contención de las manifestaciones y calificó como “desilusionante” la actuación de la Policía.
Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), informó que existen más de 35 quejas derivadas de los actos de violencia por la muerte de un hombre a manos de la Policía y anunció que ese organismo trabaja en acreditar el nivel de responsabilidad que tuvieron los servidores públicos en la contención de las manifestaciones.
La muerte de Giovanni López, quien presuntamente murió a consecuencia de lesiones mientras se encontraba bajo custodia de policías municipales, dijo que ya fue condenada por la CEDHJ señalando la violación a los derechos humanos de la víctima.
“Esta muerte, jamás debió haber ocurrido. En este momento, lo único que estamos investigando es identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos para señalar en nuestra resolución los niveles en los que ellos participaron ya se con actos de comisión o de omisión. Este clima de crispación, este clima de violencia, es un clima que no edifica para que se practiquen las mejores acciones de parte de la sociedad”, afirmó en entrevista para Aristegui en Vivo.
Las investigaciones de la CEDHJ, dijo, no sólo incluyen la reacción de los elementos de la Policía sino también del propio Estado que el personal policial, sin equipo de protección adecuado, a contener las manifestaciones.
“Nosotros solamente estamos investigando la reacción de los elementos policiales en la contención de la manifestación y también el comportamiento del propio Estado de Jalisco al enviar a los elementos a contener a los manifestantes porque se les envía sin armamento, sin equipamiento necesario. Iban sin coderas, iban sin escudos, iban sin cascos, iban desarmados”, explicó.
Sosa Márquez calificó como “desilusionante” la actuación de los elementos de la Policía.
“Es desilusionante ver a los elementos policiales protegerse con sillas, tomar los proyectiles que les habían lanzado en este caso piedras, pedazos de metal, los manifestantes a los policías y los policías aventándoles eso, parecía una confrontación de dos hordas irracionales que se encontraban en la vía pública en vez de actuar con la categoría del Estado, montando un operativo y reaccionando con la estatura y la dignidad que van a aparejadas a los servidores públicos”, señaló.
Aunque hasta el momento se han recibido más de 35 quejas, expuso que la CEDHJ continúa recibiendo quejas debido a la cadena de transgresiones que ocurrió la semana pasada en la entidad.
“Ya tenemos recibidas más de 35 quejas, es el número que tengo reportado más recientemente y se siguen recibiendo porque siguen apareciendo nuevos hechos que nosotros hemos condenado. Precisamente, esta cadena de transgresiones a la norma que las identificamos como detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, abuso de la autoridad, ya tenemos casos registrados de desaparición forzada los cuales fueron cometidos en agravio de las personas que pretendían manifestarse pacíficamente y de aquellas que, sin participar en dicha manifestación, fueron también objeto de arbitrariedades”, añadió.
Por ejemplo, detalló que se acreditó desaparición forzada debido a que algunos detenidos fueron abandonados en puntos lejanos a la zona donde fueron detenidos y se les despojó de sus pertenencias para evitar que tuvieran contacto con las autoridades, aunque aclaró que ya fueron localizados.
“En este momento no hay ninguna persona desaparecida (…) El problema y por lo que hemos señalado que es desaparición forzada es que el Estado les priva de la libertad, niega haberlos detenido, no hay una lista oficial de detenidos, los llevaron y los soltaron lejos, a 6, a 7, a 10 kilómetros del lugar en el que los habían levantado y los dejaron allá despojados de sus pertenencias para que no pudieran regresar y no pudieran comunicarse con sus familiares”, expresó.
Respecto a la acusación que hizo el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de posibles infiltrados de la delincuencia organizada en futuras manifestaciones, el primer visitador de la CEDHJ planteó que se sancionará a quien dejó de atender las órdenes que emitió el Mandatario estatal.
“Habrá de acreditarse que las órdenes fueron giradas en un sentido, se ejecutaron en otro y se deberá de sancionar a esa línea de mando que dejó de observar en forma integral las órdenes dadas por el señor Gobernador. Debe de haber una cadena de mando y en esa cadena de mando, en algún momento el teléfono se descompuso, se cambió la orden y se ejecutaron de manera distinta por parte de los elementos”, concluyó.