El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reprobó la posición del gobierno mexicano sobre la prisión preventiva oficiosa y advirtió que puede conllevar riesgos.
La organización recalcó que, para ser compatible con los derechos humanos, la medida debe de acreditar que no existe una medida menos severa, estar adecuadamente motivada y ser proporcional. Además, debe de ser compatible con los estándares internacionales.
“Lamentamos la posición de Segob sobre PrisiónPreventiva oficiosa y sobre la relevancia de los tratados internacionales de DDHH [derechos humanos]”, declaró el Centro Prodh a través de redes sociales.
Este miércoles, el gobierno mexicano solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa, ya que aseguró que generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, presentó un proyecto para revertir una reforma aprobada por el Congreso en 2019 y anular la prisión preventiva oficiosa en el país, ya que considera que se viola el principio jurídico de presunción de inocencia.
A su vez, la ministra Norma Lucía Piña presentó un proyecto de revisión de amparo relacionado con dicha medida.
Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tienen como fondo preservar la impunidad y la corrupción. Consideró que permitirán la liberación de criminales con argumentos legalistas, pero sin tomar en cuenta la impartición de justicia.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó durante la conferencia de prensa matutina que las reformas planteadas provocarán corrupción y un mercado de jueces y abogados.
En contraste, el Centro Prodh recalcó que casos como el de las mujeres de Atenco y el de Daniel García y Reyes Alpízar ponen el foco sobre los riesgos de la prisión preventiva oficiosa.
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años, antes de que fueran sentencias. Ambos fueron detenidos sin una orden judicial y solo conocieron los cargos que se les imputaban después de estar privados de su libertad durante 45 y 34 días, respectivamente.
Este viernes, se llevó a cabo la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para analizar la responsabilidad internacional de México por las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal llevadas en su contra.
En el caso, la Comisión concluyó que su privación de la libertad fue arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia.
La prisión preventiva oficiosa fue establecida en el artículo 19 constitucional desde el año 2008 y es una medida cautelar que estipula que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, deberá de ser privada de su libertad, con el objetivo de que no se dé a la fuga y se pueda garantizar su comparecencia ante un juez.
Los proyectos presentados ante la SCJN que buscan eliminarla se debatirán el próximo 5 de septiembre.
De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta junio de 2022 había más de 92 mil personas en las cárceles sin sentencia.
Por su parte, Daniel García Rodríguez señaló durante entrevista en Aristegui en Vivo que hay más de 9 mil personas presas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa.
Your browser doesn’t support iframes
Source link