Líderes de las principales compañías de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que se renueve en 2026 el T-MEC y que se proteja a las empresas frente a lo que consideran una politización del Poder Judicial en México, tras la reforma judicial que derivó en la elección de una buena parte los jueces y magistrados por voto popular.
Así lo dio a conocer el sábado el periodista José Díaz Briseño, en un reportaje publicado en el diario Reforma, en el que informó que los directivos, agrupados en la Business Roundtable (BRT) -que reúne a unos 200 CEOs, entre ellos Tim Cook (Apple), Jamie Dimon (JPMorganChase), Mary Barra (GM) y Raj Subramaniam (FedEx)- señalaron que algunas políticas mexicanas generan discriminación hacia empresas extranjeras en sectores como energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.
En el sector energético, criticaron que se favorezca a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en telecomunicaciones, señalaron que se privilegia a Telmex; en aviación, que se protege a Mexicana y se limita el transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y en paquetería, que se obliga a empresas extranjeras a obtener licencias postales mientras se protege al Servicio Postal Mexicano.
De acuerdo con el medio, la BRT expresó “serias preocupaciones sobre acciones del Gobierno mexicano que ponen en peligro las inversiones de empresas estadounidenses, contradicen las obligaciones del T-MEC y obstaculizan el comercio transfronterizo en sectores clave”.
El grupo advirtió que los cambios legislativos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que continuaron durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, podrían afectar la inversión privada.
“Las recientes reformas judiciales de México, incluyendo los esfuerzos por eliminar a los reguladores independientes, afectarán negativamente el clima de inversión en el País. Bajo estas reformas, México será el único país del mundo donde todos sus jueces serán elegidos por voto popular, lo que genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho”.
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Para enfrentar este riesgo, la BRT recomendó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) considere restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS) con México dentro del T-MEC.
El reportaje destaca que, a diferencia del TLCAN, el T-MEC redujo los tipos de reclamos que inversionistas estadounidenses podían presentar ante el Estado mexicano.
“Si el Mecanismo ISDS con México es restaurado (en el T-MEC), los inversionistas de Estados Unidos tendrán la opción de resolver sus quejas a través de árbitros independientes. La mera existencia del Mecanismo ISDS probablemente haría reflexionar a aquellas figuras políticas que estén considerando la expropiación o presionando a los tribunales para que cedan a los caprichos políticos”, señalaron los directivos en un documento, citado por el corresponsal de Reforma.
Además, la BRT recordó que en los últimos cinco años México ha tomado medidas que consideran preocupantes, como “la expropiación de una cantera propiedad de una empresa estadounidense y la imposición de impuestos retroactivos a las aseguradoras”, y cuestionaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por tener normas regulatorias “inconsistentes” que afectarían a productos médicos y biológicos estadounidenses.