El planeta perdió cerca del 70% de su población de animales salvajes desde 1970, afirmó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
En su Informe Planeta Vivo 2022, detalló que la velocidad y la escala del impacto negativo de las actividades humanas en la naturaleza fueron razones del descenso en la abundancia poblacional de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios de todo el mundo.
El informe, que se publica cada dos años, confirmó nuevamente que Latinoamérica y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del planeta, registra el declive regional más alto con una disminución de 94% en las poblaciones monitoreadas.
El texto, asegura WWF, advierte urgentemente a los gobiernos, las empresas y al público a tomar medidas transformadoras que reviertan su destrucción.
Resaltó que el mundo enfrenta una doble emergencia inducida por el hombre, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que amenazan el bienestar de la humanidad.
“De la misma forma que es necesario disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, es urgente revertir la pérdida de biodiversidad y el declive y degradación de los ecosistemas. El Informe nos da información esencial para restablecer nuestra rota relación con el mundo natural y muestra lo apremiante que es integrar principios de justicia ambiental y social en el centro de los cambios”, destacó el director de Conservación de WWF Colombia, Luis Germán Naranjo.
Añadió que en el marco de la próxima conferencia de biodiversidad COP15 de la ONU, es prioritario impulsar un plan global que, como el Acuerdo de París, tenga como meta revertir las pérdidas y mejorar la salud de las poblaciones silvestres y los ecosistemas.
El Informe Planeta Vivo 2022 monitorea a casi 32 mil poblaciones de 5 mil 230 especies del planeta y ofrece la imagen más nítida sobre su evolución con que se cuenta hasta ahora. El parámetro de medición es el Índice Planeta Vivo (IPV), el cual hace un seguimiento de la abundancia en poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.
En cuanto a especies, las poblaciones de agua dulce muestran un mayor descenso general en el ámbito mundial con un 83%. Por ejemplo, una de las poblaciones evaluadas del delfín rosado del Amazonas sufrió una disminución del 65% debido al aumento de la pesca selectiva, así como a las presiones impuestas por el rápido crecimiento de la población humana.
La mitad de los corales del planeta se ha perdido y ello tiene un impacto negativo en cadena, pues albergan a un cuarto de todas las especies marinas y dan soporte a una compleja cadena trófica que incluye a los humanos.
Mientras que la abundancia mundial de 18 de las 31 especies de tiburones y rayas oceánicas se ha reducido un 71% en los últimos cincuenta años.
Los principales factores directos identificados como responsables de la degradación de los sistemas terrestres, marinos y de agua dulce son los cambios de uso del suelo, la sobreexplotación de plantas y animales, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras.
“El informe deja claro que los gobiernos, empresas, así como el público en general, deben cambiar los valores y normas que definen nuestra relación con la naturaleza porque éstos tienen un sesgo que conduce a la degradación, mediante prácticas destructivas que dañan los océanos, selvas y humedales del mundo”, puntualizó Jordi Surkin, Coordinador de Conservación de WWF en Latinoamérica.
América Latina, entre las zonas prioritarias del planeta
La deforestación en las zonas tropicales genera emisiones de carbono y conduce a climas locales más cálidos y secos, incrementando la cantidad de sequías y de incendios y, dependiendo de su magnitud, reduce las precipitaciones y modifica sus patrones globales. Ello es perjudicial para el clima, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de millones de personas a nivel global. La contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y nutrición exige una mayor atención en políticas forestales, pues su deterioro se traducirá en una reducción de la productividad agrícola.
En ese sentido, se identifican 10 áreas de alta prioridad para la mitigación de riesgos, algunas de éstas en América Latina: la cuenca del Amazonas (que está constituida por todos los ríos que drenan al río Amazonas); el bosque Atlántico (ubicado en Brasil, Argentina y Paraguay); y el norte de los Andes hasta Panamá y Costa Rica. También se incluye en estas áreas prioritarias al Himalaya, el sudeste asiático, la costa oriental de Australia, el bosque seco de Madagascar, el Rift Albertino, las montañas del Arco Oriental en el este de África y los bosques guineanos del oeste de África.
El Informe destaca la situación en la Amazonía, el bosque tropical más grande y con mayor diversidad biológica y cultural del mundo, cuya cuenca se encuentra degradada en un 17%. Advierte que el 26% de la Amazonía presenta un estado de perturbación avanzada, lo cual supone degradación de los bosques, incendios recurrentes y deforestación. Se trata de un nivel continuo de destrucción con repercusiones devastadoras en el ámbito local e implicaciones negativas para la estabilidad climática del planeta, pues almacena entre 150 y 200 mil millones de toneladas de carbono.
Por otro lado, puntualiza que el 27% de la Amazonía corresponde a territorios indígenas y en ellos se encuentran las menores tasas de deforestación. Es el hogar de más de 500 grupos de pueblos originarios, incluyendo a 66 grupos en aislamiento voluntario y contacto inicial. De ahí que se acentúe la necesidad de visibilizar el liderazgo de pueblos originarios y comunidades locales, pues sus enfoques de conservación sitúan las relaciones de reciprocidad personas-espacios en el centro de las prácticas culturales y cuidado. Además incluye saberes científicos y ecológicos que se transmiten de generación en generación relevantes para evitar desastres naturales.
En el Informe se identifica el colapso climático, la pérdida de naturaleza, la contaminación y la pandemia de Covid como crisis de los derechos humanos y se celebra que la Asamblea General de la ONU haya reconocido el derecho de las personas a un medio ambiente saludable en julio pasado.
En más de 80 países, donde se ha reconocido el derecho a un medio ambiente saludable, ha resultado en leyes y políticas ambientales más firmes, una mejor implementación y observancia, una mayor participación del público y, lo más importante de todo, un mejor rendimiento ambiental. Se subraya que es un catalizador de cambios sistémicos y que la ciudadanía lo ha usado para proteger a las especies amenazadas y los ecosistemas en peligro.
En ese sentido, el caso más relevante en América Latina es el de Costa Rica, nación que tras añadir el derecho a un medio ambiente saludable en su Constitución en 1994, se convirtió en un ejemplo ambiental.
El 30% de su superficie son parques naturales. El 99% de su electricidad procede de fuentes renovables, incluyendo energía hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmica. Las minas a cielo abierto y la explotación de gas y petróleo están prohibidas por ley, mientras que el impuesto sobre el carbono se usa para pagar a pueblos indígenas y agricultores para que restauren los bosques. En 1994, la deforestación había reducido los bosques hasta el 25% de la superficie del país, pero actualmente la reforestación ha llevado esa cifra a más del 50%.
“Imaginar un futuro en el que puedan prosperar tanto las personas como la naturaleza debe incluir nuevos enfoques que integren la equidad, la justicia y los efectos del cambio climático. Significa escuchar las voces de todas las personas y centrarse en las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas, así como hacer cumplir restricciones y normativas para proteger especies y espacios en peligro, regular a las industrias extractivas o exigir a empresas que cumplan las diligencias debidas en materia de derechos humanos y medio ambiente”, aseveró la directora de Conservación de WWF México, María José Villanueva.
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