La Audiencia de Sevilla ha condenado este martes al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE. En una contundente sentencia, los jueces han impuesto a su antecesor, Manuel Chaves, una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación y censuraron a la excúpula del PSOE andaluz por urdir un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis. En algunos casos el dinero fue a parar a personas que nunca trabajaron en esas compañías. La exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías han sido inhabilitados por prevaricación. El tribunal ha impuesto penas de cárcel a otros cuatro exconsejeros.
La sentencia, de 1.821 páginas, es una brutal reprimenda a las políticas de empleo de la Junta andaluza, gobernada por el PSOE durante 36 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2018. Chaves y Griñán, líderes históricos del socialismo andaluz, gobernaron la comunidad durante 23 años, periodo en el que se instauró el fondo de los ERE, cuya primera sentencia deja manchada la trayectoria política de ambos. Solo dos de los 21 procesados han sido absueltos. Las defensas recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia de Sevilla ha suscrito la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción y ha rebajado su petición global de penas, pero en muy pocos grados. Además de Griñán, otros cuatro exconsejeros fueron condenados a prisión: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Economía). La pena más alta fue para Fernández, siete años y 11 meses. En el caso de Vallejo y Viera, la condena es de siete años; y la de Martínez Aguayo, de seis.
Ante la crisis industrial que sufrió Andalucía a finales de los noventa y para atajar las protestas de miles de trabajadores en la calle, la Junta ideó una fórmula que de manera ágil pagara las prejubilaciones de 6.000 empleados. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La Audiencia tilda ese sistema de “fraudulento” e “ilegal” porque provocó un “descontrol absoluto” sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la “paz social”.
Los dos únicos absueltos entre los 21 procesados son el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe de los servicios jurídicos Francisco del Río. Al primero se le acusaba de malversación y prevaricación, y a Del Río, solo de prevaricación. A estos dos excargos se les suman cuatro antiguos dirigentes acusados también de ambos delitos y para los que Anticorrupción pedía cárcel, pero que eludirán la prisión porque han sido absueltos de malversación, aunque inhabilitados por prevaricación. Se trata de los ex directores generales de la agencia Idea Jacinto Cañete (ocho años de inhabilitación), y los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado y Juan Francisco Sánchez (nueve años), así como Lourdes Medina (ocho años).
Para los jueces, Chaves y Griñán eran “plenamente conscientes” de la ilegalidad de las decisiones adoptadas sobre el fondo de los ERE. Al primero le achacan conocer que el sistema vulneraba la ley y permitirlo como presidente del Consejo de Gobierno. Al segundo, mientras, le imputan que como exconsejero de Economía y Hacienda ignorara las alertas sobre irregularidades de la Intervención General, que Griñán aseguró no haber recibido nunca.
“Resulta ilógico que decisiones de gran trascendencia, en materias de gran relevancia social e influencia política, sean desconocidas por el presidente”, censuran sobre Chaves los jueces, que creen “impensable” que el cambio de modelo en los ERE se tomara sin el visto bueno del jefe del Ejecutivo andaluz.
A la condena de Chaves por prevaricación —adoptar resoluciones ilegales a sabiendas—, Griñán le suma la de malversación por haber ejercido una administración desleal de los fondos públicos. Griñán conoció los informes de la Intervención General, pero no hizo nada para evitar las irregularidades, según la sentencia. “Asumió”, como consejero de Economía, “la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L [el fondo de los ERE] fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. El Supremo instruyó en 2015 el caso pero no apreció malversación, a diferencia de la Audiencia de Sevilla.
La sentencia reprocha a la Junta que conociera la “patente” y “palmaria ilegalidad” de las ayudas sociolaborales que concedió con “absoluta falta de control”. Y abunda: “El sistema permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros [en ocasiones personas que ni siquieran trabajaban en esas compañías], ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”.
La fecha clave es el año 2000, cuando el Gobierno andaluz cambió el sistema de ayudas para empresas en crisis. Esta “necesidad política”, advierte el tribunal, llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer una fórmula ágil, “si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”. La concesión de las ayudas radicó en la Consejería de Empleo, pero la cúpula de la Junta diseñó el cambio de modelo. “La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto”, subraya el tribunal.
A partir de 2001, las ayudas las pagó directamente la agencia Idea mediante un convenio marco firmado entre su presidente, Antonio Fernández, entonces viceconsejero de Empleo, y el que era máximo responsable de este departamento, José Antonio Viera. Este convenio dejaba en manos del director general de Trabajo, el principal imputado en la causa, Javier Guerrero (condenado a siete años y 11 meses de prisión), la facultad de ordenar a Idea el pago de las ayudas, pese a que “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”. Con este nuevo sistema, el Ejecutivo se ahorraba cumplir con los requisitos legales para tramitar los expedientes de subvenciones y así eludía la fiscalización de la Intervención, lo que favoreció “un descontrol absoluto”, afirman los jueces.
En teoría el tribunal puede ordenar el ingreso en prisión de los condenados por malversación, pero sería insólito, porque el riesgo de fuga es mínimo y todos poseen arraigo, circunstancias que justificarían la ejecución de la sentencia sin esperar al Supremo. Los condenados no tienen que hacer frente al pago de responsabilidades civiles porque la Junta de Andalucía, que ejerció como acusación particular al ser la Administración perjudicada, se reservó en 2016 el derecho a emprender las acciones civiles para más adelante en la causa.
El PSOE alegó que la sentencia “no afecta ni al actual Gobierno ni a la dirección socialista” y la federación andaluza defendió “la honorabilidad y honradez de los expresidentes”. Las críticas llovieron desde el resto de partidos, aunque con distinta intensidad. Mientras Podemos lo definió como “el retrato de una época”, el PP exigió a Pedro Sánchez que asuma responsabilidades “por el mayor caso de corrupción de la historia de España”.
El escándalo de los ERE y del supuesto desvío de fondos de la Junta ha marcado la política andaluza desde 2011. Pero la repercusión del caso ha ido mucho más allá de lo regional, ya que ha sido empleado como ariete habitual del resto de partidos contra los socialistas. La canción seguirá sonando al menos hasta que se pronuncie el Supremo.
El tribunal tilda de “fraudulento” el fondo de 680 millones
A finales de los años noventa, Andalucía afrontó el cierre de grandes industrias. Miles de trabajadores se echaron a la calle a protestar. La Junta, con los socialistas al mando, buscaba una fórmula rápida para solventar esa grave crisis e ideó un mecanismo para prejubilar a los despedidos y eludir las trabas que la Intervención General le había puesto con anterioridad: se excedió con la ligereza de controles para acelerar mediante atajos legales y lograr la ansiada “paz social”. Una década después, la sentencia de la Audiencia de Sevilla censura —con tono grave— el “sistema fraudulento” que pergeñó la cúpula de la Junta andaluza para dotar con 680 millones de euros las prejubilaciones de los ERE de 77 empresas y conceder ayudas directas a los empresarios entre los años 2000 y 2009.
Los jueces abundan en el origen de ese fondo de 680 millones y sus fines espurios en línea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción: “La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, reza el fallo.
El paso de la fórmula de subvenciones excepcionales a las transferencias de financiación es la clave que explica esa fórmula. Los hechos probados del fallo describen que ese cambio presupuestario “posibilitó que se aplicaran, se gastaran y se ejecutaran [las ayudas] prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Hasta el año 2000, el control lo ejercía la Intervención General, que tras la modificación presupuestaria solo pudo examinar ciertas ayudas, pero siempre a posteriori, nunca de manera previa. “El denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, debido al uso de las transferencias de financiación [herramienta presupuestaria del cambio], fue la falta de fiscalización”. La consecuencia era algo parecido al caos: “El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo”.
El gasto de los expedientes se aprobaba en la agencia Idea, pero el poder para conceder las ayudas residía en la Consejería de Empleo, con poderes casi plenos para Javier Guerrero, exdirector de Trabajo. Desde su despacho, Guerrero daba ayudas a ciertos amigos y negociaba los ERE sin supervisión. Idea estaba a ciegas respecto a si las ayudas se daban correctamente. A pesar de las denuncias de la Intervención General, la Consejería de Economía ignoró los avisos, denuncia la sentencia. “Los abonos realizados no tenían reflejo contable alguno, ni en la contabilidad de IFA-IDEA, ni en la de la Consejería de Empleo”.
La Audiencia menciona la existencia de hasta 103 intrusos: prejubilados ajenos a las empresas que identificó la Junta en el análisis de los expedientes de regulación de empleo. El fallo incide en la total “ausencia de control” de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias.
Los jueces han condenado a la cúpula de la Junta por el diseño de esa fórmula presupuestaria. Los políticos y altos cargos de la Junta —salvo excepciones— no se lucraron ni contribuyeron a la financiación ilegal del PSOE, a pesar de que la primera instructora, Mercedes Alaya, lo sugirió en sus autos.
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