La fecha de la elección más importante de los últimos 30 años en Chile, el plebiscito que definirá si se cambia o no la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet y quiénes la redactarán, nuevamente enciende el debate público en el país sudamericano. Fijada originalmente para el 26 de abril pasado, pero reprogramada a causa de la pandemia para el 25 de octubre próximo, la clase política chilena discute sobre la conveniencia de celebrarla en la fecha prevista con una crisis sanitaria todavía no controlada, aunque con mejorías evidentes en las últimas semanas.
Mientras el Gobierno conservador de Sebastián Piñera ha manifestado que la decisión sobre un nuevo aplazamiento solo sería posible mediante un acuerdo transversal a mediados de septiembre, la oposición de izquierda y centroizquierda empuja mayoritariamente la realización del referéndum que convocará a las urnas a más de 14 millones de ciudadanos, en un sistema de voto voluntario.
“El plebiscito constitucional plantea tres desafíos: cómo fomentar la participación electoral, cómo minimizar el riesgo sanitario involucrado y cómo evaluar si debiera volver a posponerse”, señala el influyente centro de estudios Espacio Público en un informe de esta semana. De acuerdo con el think tank independiente, que ha jugado un papel central en la fiscalización de los números oficiales de la covid-19 en Chile, una fuente de preocupación apunta a que el Servicio Electoral “aún no asume la responsabilidad que le corresponde para asegurar un plebiscito que invita a participar sin correr riesgos”. Uno de los tantos asuntos que no se resuelven, a menos de nueve semanas del referéndum, son las condiciones en que los infectados y las personas en cuarentena podrían ejercer su derecho al sufragio.
El Servicio Electoral publicó un protocolo sanitario para un plebiscito seguro que fue aprobado por el Ministerio de Salud y que incluye las medidas que se deberán cumplir el día del plebiscito: desde los elementos que utilizarán los vocales de mesa hasta el lápiz propio que podrán usar los electores para marcar su preferencia. Hoy, además, el Parlamento ha aprobado el proyecto que le concede al organismo atribuciones especiales para dictar medidas sanitarias sin la necesidad de modificaciones legales, para lo que tendrá hasta el 10 de septiembre. Por el poco tiempo que queda por delante, parece descartada la utilización de mecanismos alternativos, como el voto electrónico, anticipado, el sufragio postal y domiciliario. Tampoco se realizaría en dos días sucesivos, lo que ayudaría a evitar el contacto social entre los votantes.
El plebiscito sobre la Constitución de 1980 fue la propuesta que prácticamente toda la clase política con representación en el Congreso realizó a la ciudadanía en las semanas complejas de las revueltas sociales que estallaron en Chile en octubre de 2019 en demanda por mayores bienes públicos, como la salud, educación o pensiones. Se tratará de una votación inédita en el mundo, porque la gente decidirá si aprueba o rechaza la idea de cambiar la Carta Fundamental y quiénes la redactarán: si una convención mixta conformada por constituyentes y parlamentarios en partes iguales o una convención constituida totalmente por asambleístas elegidos.
En marzo pasado, sin embargo, en las primeras semanas de la crisis sanitaria, los partidos resolvieron aplazar el referéndum desde el 26 de abril al 25 de octubre, lo que fue comprendido por población. Pero no resulta evidente la respuesta de la ciudadanía ante un nuevo aplazamiento, considerando que se trata de una sociedad que no confía de instituciones como los partidos, el Congreso o el Gobierno.
Baja participación electoral
La incertidumbre sanitaria es aún más profunda que en marzo, cuando explotó la pandemia en Chile. La covid-19 ha dejado 10.546 fallecidos confirmados y aunque registra la menor cifra de positividad en 128 días –un 5,8%–, los nuevos contagiados diarios están en torno a los 1.336. La reciente reapertura de determinados municipios de la capital, confinada totalmente desde mediados de mayo, solo hace aumentar las dudas: las imágenes de aglomeraciones en los centros comerciales preocupan a las autoridades, por el riesgo de rebrotes. La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se ha referido esta semana al asunto: “Si uno puede ir al mall, debería poder ir a votar y se deberían asegurar los mecanismos para que el plebiscito se lleve a cabo. Si no, la percepción de la ciudadanía será que se utiliza mañosamente la pandemia, cuando conviene. Esto es muy grave y problemático”.
Diferentes encuestas de opinión indican que más de un 70% de los electores optarían por aprobar el cambio de la Constitución, un grupo compuesto no solo por votantes de izquierda y centroizquierda, sino también por ciudadanos de derecha. El triunfo de esta opción, por lo tanto, sería abrumadora frente a los que quieren preservar la Carta Fundamental de 1980. “Todos queremos mejorar y cambiar la Constitución”, señaló el martes el presidente Sebastián Piñera, en cuyo Gobierno y sector no existe una postura única sobre la materia, por lo que se apuesta a la prescindencia en el proceso. Es en la derecha doctrinaria que pertenece al oficialismo, sin embargo, donde se concentran los partidarios del rechazo, que participan a regañadientes del camino constitucional.
La principal duda sobre el plebiscito no es el resultado, por tanto, sino su nivel de participación, dado que Chile tiene de las abstenciones más altas de la región. En las últimas municipales de 2016, participó el 36% de electores. En las parlamentarias y primera vuelta presidencial de 2017, un 46%. En la segunda vuelta presidencial, un 49%. Es una tendencia a la baja desde el retorno a la democracia en 1990 que se hizo evidente cuando en 2012 comenzó a regir el sistema de voto voluntario y que la clase política no ha intentado revertir con medidas de fondo.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que la gente entre 60 y 74 años es la que más acude a sufragar en este país, justamente el grupo que en octubre podría abstenerse si no hay medidas de seguridad suficientes para evitar los contagios. Es una incógnita si los jóvenes, que muestran mayor radicalidad con respecto a la participación en protestas y la desconfianza en la democracia, acudirán o no a las urnas. En las municipales de 2016, 3.000.000 de personas entre 18 y 29 años se abstuvieron. “A pesar de corresponder a menos del 25% del padrón, los jóvenes entre 18-29 años representan el 34% del total de la abstención del país”, indica la investigación Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile, de octubre de 2017.
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