La reforma tipifica como delito la “alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia”.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el jueves la polémica “Ley antisaqueos”, un proyecto impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera, con la cual se modifica el Código Penal para tipificar como delito la “alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia”.
De acuerdo con el organismo, los diputados votaron por separado un conjunto de seis normas que permiten agravar las penas para los actos considerados como vandalismo.
La decisión se da en un contexto en el que Chile atraviesa un fuerte estallido social desde mediados de octubre, con grandes protestas para modificar el modelo económico.
✅ APROBADO | Cámara despacha a ley proyecto que tipifica las acciones que atenten contra la libertad de
circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios y fija las penas aplicables al saqueo #LeyAntiSaqueos pic.twitter.com/TlmSOy0lfF— CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) January 16, 2020
El pasado 13 de enero, la iniciativa fue aprobada en el Senado tras hacerle varios cambios a lo aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados, por lo que la iniciativa fue regresara.
De acuerdo con el Boletín 13090, entre los cambios señalan que aquellos que corten el tránsito “mediante violencia o intimidación en las personas” podrían ser condenados desde 61 a 541 días de cárcel. Así con esto se considerarían las barricadas y actos como “el que baila pasa”.
En cuanto al robo con violencia o intimidación (art. 436) y concurriendo las circunstancias recién indicadas, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.
Aprobada la Ley Antisaqueos. Un gran avance que permitirá enfrentar con mejores herramientas a los violentistas. Falta aprobar varias otras iniciativas pero es un gran avance ! @RNchile pic.twitter.com/ZwhRAcG1JR
— Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) January 16, 2020
La Cámara detalló que en la oposición, particularmente en la izquierda, los discursos fueron coincidentes en señalar que la iniciativa es una forma encubierta de criminalizar la protesta social, al penalizar situaciones vinculadas a las pasadas manifestaciones.
Además, se criticó que se quiera avanzar en este ámbito y que el Gobierno no tenga el mismo empuje a la hora de condenar a los delincuentes de terno y corbata o de sancionar la colusión de empresas, los abusos o la corrupción en política.