Con la gran incógnita del porcentaje de participación, las 46.807 mesas de votación desplegadas en todo Chile han comenzado a cerrarse este domingo a las seis de la tarde, hora local, luego de dos jornadas de elecciones que se han desarrollado hasta ahora impecablemente, como ya es tradición en el país sudamericano. Unos 14,9 millones de ciudadanos han sido convocados para elegir a los 155 redactores de la nueva Constitución, que conformarán un órgano paritario entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Los electores han debido escoger, además, a los gobernadores regionales y a las autoridades municipales (alcaldes y concejales). Ha sido una votación compleja, con cuatro votos y una gran cantidad de postulantes. Es la primera vez, además, que un país de Latinoamérica programa dos jornadas de sufragios por la pandemia de covid-19, lo que ha cambiado los hábitos de los electores, acostumbrados a votar solo en domingo. El sábado las urnas quedaron al resguardo de las Fuerzas Armadas y del Servicio Electoral (Servel), sin que se registraran incidentes.
Como se trata de cuatro elecciones, el proceso de conteo durará entre tres y cuatro horas, según los pronósticos de las autoridades electorales. Se arrancará con el escrutinio de los convencionales (primero los generales y luego los escaños reservados para pueblos indígenas), lo que mostrará muy pronto el nivel de participación total en estos comicios múltiples. Luego, se proseguirá con el conteo de los gobernadores regionales, que es la primera vez que se realiza en la historia de Chile. El proceso finalizará con alcaldes y concejales, que mostrará el nuevo mapa de las fuerzas políticas, muy relevante con miras al tren de seis elecciones que se celebrarán este 2021, incluyendo las parlamentarias y presidenciales de noviembre.
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La participación inquieta a las autoridades y expertos, sobre todo con miras a la legitimidad del proceso constituyente, que reordenará a Chile. El cambio de la Constitución fue la respuesta de la clase política a la ciudadanía en medio de las revueltas de 2019, por lo que una baja concurrencia a las urnas implicaría poca adhesión de la gente en esa salida institucional. De acuerdo a las cifras oficiales, el sábado votó el 20,5% del padrón (poco más de tres millones de votantes, de un total de 14,9 millones). No existía consenso en torno a la valoración de esa cifra. Por un parte, se trata de un contexto adverso: en medio de una pandemia con 37.617 casos activos, una crisis económica que dificulta incluso el pago del transporte público para concurrir a locales que muchas veces quedan lejos de los domicilios, la postergación de esta elección (que estaba programada originalmente para abril) y la dificultad propia de un proceso con cuatro votaciones simultáneas.
Se trata de la elección de mayor importancia en la historia reciente de Chile. Hubo una oferta de candidatos como nunca antes. En un contexto de baja legitimidad de los partidos políticos, un 68% de los candidatos a la convención no militan en ninguna colectividad. El porcentaje de vacunados, en tanto, no tiene comparación en Latinoamérica. Hasta el viernes, 9.006.139 personas habían sido vacunadas con la primera dosis y 7.457.662 con las dos dosis, es decir, un 49,1% de la población objetivo. Desde este lunes se retoma la inmunización de los treintañeros sanos.
“Más allá de los resultados, lo importante es que haya un buen nivel de participación, idealmente no inferior al 51% –similar el referéndum de octubre–, con una buena distribución geográfica, según niveles socioeconómicos”, opina Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, una organización intergubernamental que ha analizado la realización de las elecciones en contexto de pandemia. Para Zovatto, esta meta “no parece nada fácil”. “Ojalá se logre para darle una buena base de legitimidad al proceso constituyente, porque la Constitución debe incluir a todas y todos”, asegura el politólogo, que estima que “Chile debe considerar seriamente y con urgencia reimplantar el voto obligatorio”.
Con el sufragio voluntario que se implementó en 2012, la participación cayó desde el 87% en 1989 hasta un mínimo histórico del 36% en las penúltimas municipales de 2016. En el referéndum constitucional de octubre pasado, donde el 80% de la gente optó por cambiar la Constitución vigente, la participación llegó al 50,91%. Pese a la importancia del referéndum de hace siete meses, la mitad de los electores optó entonces por no concurrir a sufragar. En términos generales, sin embargo, Zovatto destaca que Chile llevó adelante “una innovación exitosa en América Latina con la doble jornada electoral consecutiva”.
Con la convención constituyente que comenzará sus funciones en junio, Chile se redefinirá en asuntos fundamentales. El órgano discutirá su régimen político y sistema de Gobierno, porque existe algún consenso en que el presidencialismo a la chilena –exacerbado– mostró deficiencias con las revueltas de octubre de 2019. Se debatirá sobre la descentralización y regionalización, en un Estado unitario y fuertemente centralizado en la capital, como el chileno. Los 155 constituyentes deberán acordar diferentes asuntos relativos a los pueblos originarios, como su reconocimiento expreso en la Constitución o la plurinacionalidad. Es un tema central, dado los históricos problemas de relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno que tienen a la región de la Araucanía en una escalada de violencia. El órgano constituyente discutirá el modelo de desarrollo económico, el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, el modelo del Estado –los derechos económicos y sociales son debates calientes– y asuntos especialmente sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central.
Uno de los aspectos que preocupa a esta hora en Chile es que la participación nuevamente es más baja en los municipios pobres y populares. En La Pintana, en el sur de la capital, ayer hubo una participación de un 13,69%. En Vitacura, uno de los más ricos, llegó al 41,31%. Si el camino constituyente no convoca a los vulnerables de Chile, resultaría muy complejo que una nueva Constitución sea la base del nuevo pacto social que necesita el país latinoamericano.
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