La coalición oficialista de centroderecha chilena no logró asegurar un tercio de los delegados que redactarán una nueva Constitución, cifra clave para bloquear directamente eventuales cambios drásticos al modelo de libre mercado vigente.
De los comicios de dos días el fin de semana, donde además se escogían gobernadores, alcaldes y concejales, salieron los 155 integrantes del órgano de acuerdo a los votos obtenidos por lista y tras aplicar por primera vez paridad de género.
Con un 94,5% de los votos escrutados, la lista oficialista obtuvo un 20,66% de los sufragios. Según las proyecciones, esto le dejaría con 39 escaños, muy por debajo de los 52 que necesitaban conquistar.
“La ciudadanía nos ha mandado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizados adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados”, dijo en un discurso el presidente Sebastián Piñera.
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— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 17, 2021
El amplio acuerdo político que dio origen al proceso constitucional estableció que se necesitan dos tercios de los votos para refrendar los acuerdos en el órgano redactor, lo que representa una tarea compleja dado el disperso resultado.
Cambiar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet fue una demanda central de las feroces protestas sociales que estallaron en Chile contra la desigualdad y el elitismo a fines de 2019.
Según una proyección del canal CNN Chile, la centroizquierda tendría menos escaños (25) que la lista del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista (28). Los independientes habrían conquistado 45 puestos. Además hay 17 escaños reservados a pueblos indígenas.
“La fuerza de los independientes creo que surge de manera muy protagónica, ya habíamos escuchado que eso estaba ocurriendo, y creo que es también un rechazo, una lección a la clase política”, dijo Heraldo Muñoz, de la coalición de centroizquierda que gobernó mayormente el país desde el retorno a la democracia.
Foto: Reuters
El resultado significa un nuevo revés para el gobierno de Piñera, cuya popularidad se hundió en medio de la pobreza y el desempleo vinculados con la pandemia de coronavirus, además de sus intentos de impedir que los ciudadanos retiren sus ahorros en los fondos de pensiones privados para paliar la crisis.
Además, los resultados del proceso en el mayor productor mundial de cobre son observados de cerca por las firmas del vital sector para la economía local, que llaman a proteger la certeza jurídica para su operación.
“En particular nos parece importante la transparencia y la fuerza legal de la concesión minera, la necesidad de estabilidad y predictibilidad en el marco legal que la regule, y la no discriminación entre actores mineros públicos y privados, nacionales y extranjeros, que han convivido virtuosamente”, dijo la gremial Sociedad Nacional de Minería en un comunicado.
La convención constitucional tendrá hasta un año para redactar el nuevo texto, que luego será sometido a un referendo aprobatorio. De ser rechazado, quedaría vigente la carta magna actual.
(Reuters)