Diputados de los partidos de oposición al Gobierno de Chile anunciaron que ya trabajan en la redacción de un texto de acusación constitucional contra el presidente del país, Sebastián Piñera, por haber utilizado un paraíso fiscal para la venta de la empresa Minera Dominga, tal y como se recoge en los Pandora Papers.
Esta acción será presentada formalmente en un plazo máximo de una semana, y es impulsada por el Partido Socialista (PS), la coalición Frente Amplio (FA), el Partido Demócrata (DC), el Partido por la Democracia (PPD) y por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), según recoge el diario local La Tercera.
Los Pandora Papers, publicados el pasado domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), apuntan que la familia de Piñera y el empresario Carlos Alberto Delano habrían firmado la compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas por más de 150 millones de dólares.
La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.
“Ha comprometido el honor de la nación al privilegiar el lucro e interés privado sobre la defensa del medioambiente”, expresó el diputado de PC Daniel Núñez en referencia a la actitud “indecorosa” de Piñera.
En esta misma línea, desde Frente Amplio ratificaron este punto de vista, mientras que Jaime Naranjo, en representación del PS, confirmó que “todas las bancadas de oposición” acordaron la Acusación Constitucional contra el presidente.
“Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de integridad (…) y también por comprometer gravemente el honor de la patria”, dijo.
La idea de la oposición es que esta votación se lleve a cabo antes del 21 de noviembre, fecha en la que Chile celebrará sus comicios parlamentarios y presidenciales.
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Al respecto, el ministro de Secretaria General de Presidencia, Juan José Ossa, criticó que se esté empleando una herramienta constitucional para “fines políticos y electorales”.
“Cuando se conoció esta noticia el domingo en la tarde, ya el lunes en la mañana se anunciaban acusaciones constitucionales. Sabemos que ninguno de los antecedentes conocidos como los Papeles de Pandora añadió nada nuevo que no hubiese conocido la Justicia ni la opinión pública”, expresó.
Por su parte, el presidente Piñera se defendió este lunes de las informaciones publicadas por ICIJ y aseguró que la venta de Minera Dominga no le fue “consultada ni informada”, y apuntó que la información vertida en los Papeles de Pandora “no es nueva”.
“(Los hechos) fueron públicamente conocidos el 2017 y fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de Justicia el 2017″, sostuvo, a la par que insistió en que ni él ni su familia tienen sociedad de inversión en el extranjero.
El ICIJ publicó los Pandora Papers, una investigación que muestra cómo destacados personajes públicos, líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Guillermo Lasso tienen activos en paraísos fiscales.
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Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades.
Los Pandora Papers siguen la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos.
(Con información de Europa Press)
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