El código podría fijar el límite más claro hasta ahora entre el Estado y los mercados desde la fundación de la República Popular China en 1949, pero hay dudas sobre su aplicación
La Asamblea Popular Nacional de China está a punto de promulgar su primer código civil, un amplio paquete legislativo que incluye el fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad en un país gobernado por el Partido Comunista, cuya adopción de la propiedad privada ha sido un asunto incómodo durante mucho tiempo.
El código civil, que lleva en elaboración desde 2014, se convertirá en ley en un momento en el que China necesita que su sector privado, a menudo restringido, aumente la inversión para reactivar una economía devastada por el coronavirus, y será un asunto central de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional que comienza el viernes tras un retraso de más de dos meses.
Sin embargo, el código civil es en gran medida una amalgama de leyes ya existentes, lo que significa que su impacto puede ser limitado, según algunos analistas.
Y su aplicación es incierta, ya que los tribunales no son independientes y en última instancia responden de sus decisiones ante el partido, aunque las reformas legales de los últimos años han tenido como objetivo dar a los jueces más independencia y controlar la influencia de los gobernantes locales sobre los tribunales.
Se espera que el código civil chino, que entre otras disposiciones protege la información personal y facilita el divorcio o las demandas por acoso sexual, establezca el límite más claro fijado hasta ahora entre el Estado y los mercados desde la fundación de la República Popular China en 1949.
Se trata de la piedra angular del plan del presidente Xi Jinping para reformar el sistema jurídico del país antes de 2020, pese a que China haya reforzado los controles sobre la sociedad civil y ampliado la influencia del partido bajo su liderazgo.
La legislación, al menos sobre el papel, reduce el margen de intromisión y abuso burocráticos que a menudo han acosado a empresas privadas y propietarios, en un país en el que a los dueños de las empresas no se les permitió afiliarse al Partido Comunista hasta 2001 y todavía son tratados con sospecha por algunos miembros del partido.
“Da una protección más completa a los derechos del individuo”, dijo Wang Jiangyu, profesor de Derecho de la City University of Hong Kong. “En un contexto más amplio, la cuestión es: ¿es este un país que se adhiere al Estado de derecho? ¿De verdad el Gobierno está aplicando la ley?”. (Rts)