China ha accedido a levantar la barrera unos centímetros más a la inversión europea, aunque sigue restringiendo el paso de las empresas en actividades vinculadas a las finanzas, la tecnología o el transporte aéreo. El acuerdo de inversiones entre ambos bloques, cuyos anexos han sido publicados recientemente por la Comisión Europea, prácticamente veta la participación europea en medios de comunicación, arte y cultura de China, cuya larga mano es vista por Bruselas como la responsable de buena parte de los bulos y desinformaciones sobre la covid-19 que circulan por las redes sociales.
El acuerdo de inversiones entre la UE y China, firmado el pasado mes de diciembre, empieza a enfilar un duro debate en la Eurocámara tras la publicación de sus anexos. El pacto ha recibido las críticas de diputados de casi todo el espectro parlamentario, que exigen que Pekín cese su represión sobre la minoría uigur o en Hong Kong antes de sellar cualquier arreglo económico. El texto, que se cerró con la luz verde de las capitales, también generó malestar en el equipo de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos quería abordar las males artes comerciales de China de forma conjunta con la UE.
Bruselas defiende su decisión al considerar que ha atado el acuerdo económico más ambicioso jamás firmado por China, a la que también le urgía contar con el favor de Europa tras constatar que las fricciones con Estados Unidos persistirían pese a la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. La UE ha logrado compromisos que llevaba tiempo persiguiendo, como frenar la transferencia tecnológica —limitar la capacidad de las empresas chinas para copiar los hallazgos europeos— y amarrar medidas de transparencia que pongan coto a la competencia desleal que suponen los gigantes empresariales que Pekín dopa con capital público. En cambio, los analistas rebajan los logros alcanzados en la apertura de mercados para las empresas europeas, que en la última década han invertido 148.000 millones de euros en el país asiático.
Los anexos del pacto recogen sectores que, en efecto, estarán abiertos para la inversión europea, como la industria de vehículos de pasajeros (a partir de 2022) la arquitectura, la ingeniería, los servicios médicos y dentales o las telecomunicaciones. Sin embargo, China no se priva de poner condiciones: en el caso de las clínicas, el personal deberá ser chino, y en el de las telecomunicaciones, la participación foránea tendrá un tope del 50%. Gzegorz Stec, analista de Merics, considera que algunos de esos hitos son en realidad “compromisos preexistentes”, ahora bien empaquetados. “La apertura del mercado automotriz de China para 2022 ya fue anunciada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma [un órgano chino] en 2018. Bloquear tales compromisos en un pacto internacional aporta valor, pero también plantea la cuestión de cuán grande es el avance del acuerdo en cuanto a la apertura del mercado”, escribe.
La Administración de Xi Jinping impone en el documento todavía más restricciones en actividades de investigación y desarrollo en sectores tecnológicos vinculados a la medicina, el servicio de acceso a internet, la distribución de tabaco, la energía nuclear o el transporte aéreo. En algunos casos, directamente impide la entrada de capital europeo en esas actividades.
Freno a las pymes
Alicia García-Herrero, economista jefa para Asia de Natixis e investigadora del think tank Bruegel, destaca que el acuerdo blinda “un número enorme de sectores”, hasta el punto de que considera que el documento es una “letanía del cannot [no se puede, en inglés]”, empezando “por un sector tan inocuo como las semillas”. “Incluso para los sectores supuestamente abiertos como el transporte y los automóviles hay todavía letra pequeña, limitando las condiciones y los montos mínimos que Europa puede invertir”, sostiene. Esas cuantías mínimas, según García-Herrero, limitan la entrada de muchas pymes en el mercado asiático.
Pero si hay un sector especialmente blindado frente a la influencia europea es el de los medios de comunicación. Precisamente, Pekín acaba de prohibir la emisión del servicio de noticias BBC World al considerar que sus informaciones sobre la covid-19 y el trato a la minoría uigur no cumplen los requisitos de “imparcialidad” y “veracidad”. Además, los corresponsales extranjeros en China han vuelto a denunciar el continuo “deterioro” de la libertad de prensa en el país, que el año pasado expulsó a 18 periodistas.
El acuerdo recoge que, por regla general, los inversores extranjeros no podrán destinar su dinero a servicios de noticias, incluidos periódicos, emisoras de radio y televisiones, salvo que se trate de negocios muy concretos que se desarrollen en cooperación con instituciones chinas y con la aprobación de las autoridades. No hay excepciones, en cambio, para las empresas que se dediquen a divulgar información a través de internet. El acceso al negocio de impresión de otras publicaciones diferentes a las periodísticas tampoco está permitido sin control del Ejecutivo.
El mismo veto se extiende a la industria cultural. El capital extranjero no podrá entrar en proyectos de artes escénicas, salvo en las denominadas zonas piloto de libre comercio, donde podrán hacerlo con el beneplácito gubernamental. Tampoco está permitida la inversión en compañías de producción y distribución de películas cinematográficas, salvo con la autorización del Gobierno, por ejemplo, dentro del marco de una cooperación entre varios países. En dirección inversa, 11 países —en especial del Este de Europa— ponen límites a la participación china en medios de comunicación, mientras que Francia exige “reciprocidad” a Pekín para poder instalarse en el país.
Amago de sanciones por el trato a la minoría uigur
Las costuras de esa apertura económica entre los dos bloques, que los analistas juzgan como tímida, pasarán su primera prueba de inmediato, puesto que la UE prevé aprobar la semana que viene sus primeras sanciones a dirigentes chinos por las violaciones de derechos humanos dirigidas contra la minoría uigur.
Se trata de un interrogante más que se añade a todos los que plantea el acuerdo y que deriva del agitado momento por el que atraviesan las relaciones entre ambos bloques. Según fuentes diplomáticas, entre los Veintisiete hay consenso para aplicar a China la llamada ley Magnitsky europea e imponer sanciones a dirigentes chinos por la violación de los derechos humanos contra la minoría uigur. Desde la consultora Eurasia creen que Pekín puede ver esas medidas como algo “simbólico”, aunque no descartan un escenario en el que el acuerdo de inversiones acabe descarrilando. De momento, el embajador chino ante la UE, Zhang Ming, advirtió a Bruselas por Twitter de que antes de aprobar las sanciones “se lo piense dos veces”.
Los embajadores de la UE acordaron, según fuentes diplomáticas, imponer también sanciones contra 11 personas y cuatro entidades de Myanmar (la antigua Birmania), Rusia, Corea del Norte, Libia, Eritrea y Sudán del Sur. Estas serán las primeras sanciones impuestas contra Myanmar desde el golpe de Estado del 1 de febrero, donde según a ONU han fallecido 149 personas durante las protestas contra los militares.
Las sanciones se enmarcan dentro del nuevo mecanismo del que se dotó la UE en diciembre, que incluye la prohibición de viaje y la congelación de bienes en la Unión para quienes cometan o se beneficien de violaciones de los derechos humanos, lo cual incluye genocidio, esclavitud o tráfico de personas.
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