La cruzada de China contra las criptomonedas se acelera. Este viernes ha declarado ilegal toda actividad con estos instrumentos de pago digitales, que considera un problema para su seguridad nacional y para la de los “activos de los ciudadanos”. El veto en sí, anunciado por el Banco Popular de China (banco central) y una decena de organismos gubernamentales, no es totalmente novedoso; sí lo es su rotundidad y su alcance, mayor que otras prohibiciones previas.
El anuncio precipitaba el desplome de la cotización de estas monedas digitales. Las más de 9.300 criptomonedas que están listadas en la web de información CoinGecko registran una caída media del 5,7% con respecto a su precio de hace 24 horas. El bitcoin se dejaba a las 14.00 un 5,3% respecto a la misma hora del jueves, hasta situarse en los 41.450,8 dólares (unos 35.400 euros).
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Los organismos gubernamentales indicaron que China, que había sido uno de los principales mercados para estas divisas digitales, desarrollará “nuevos sistemas” para combatir los riesgos que representan las criptomonedas. El Banco Popular precisa que el aumento en el uso de criptomonedas ha causado problemas en el “orden económico y financiero” y provocado la proliferación de actividades delictivas como “el lavado de dinero, recolección ilegal de fondos, fraude y estafas piramidales”. Quienes desoigan la prohibición serán investigados por posible responsabilidad penal, precisan.
Asimismo, se irán cerrando las minas de criptodivisas y no se permitirá la apertura de otras nuevas. China era uno de los principales países del mundo para este tipo de operaciones, debido entre otras razzones al bajo coste de su electricidad. En abril acaparaba el 46% de la potencia de ordenadores empleada en todo el mundo en el minado y procesado de estas monedas digitales, según el Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, citado por Bloomberg.
El anuncio de este viernes aumenta la presión que China viene ejerciendo contra las criptomonedas desde 2017 y que se ha multiplicado este año. La prohibición forma parte de una serie de medidas en favor del medioambiente por un lado -la extracción de criptomonedas en los ordenadores exige un altísimo consumo de electricidad y provoca emisiones de carbono- y de una dura campaña, por otro, para aumentar el control del Estado sobre la economía y acotar los riesgos excesivos en el sistema financiero.
En mayo ya había llegado un primer aviso, cuando los órganos reguladores dejaron claro que quienes efectuaran transacciones con ese instrumento de pago no contarían con protección, y prohibieron a los bancos y servicios de pagos ofrecer a sus clientes cualquier transacción con criptomonedas. Entonces, sin embargo, no vetaron las operaciones individuales, algo que sí queda incluido en la nueva orden. Y los usuarios, simplemente, habían cambiado las plataformas y bancos nacionales por operadores extranjeros a través de internet. A partir de ahora, también será ilegal que las plataformas extranjeras ofrezcan sus servicios a clientes chinos.
En junio, varias provincias chinas ordenaron el fin de la minería de bitcoins en su territorio, con el argumento del descomunal consumo eléctrico en un año en el que China atraviesa problemas de escasez energética. Al anunciar este viernes el fin de las operaciones de minado en el país, la Comisión Nacional de Desarrollo, responsable de la planificación económica, citó la necesidad de cumplir las metas de neutralidad de carbono entre las razones para el cierre. Pekín se ha comprometido a alcanzar la neutralidad para 2060.
En 2017, las autoridades chinas ya habían cerrado las plataformas nacionales de intercambio de criptomonedas. En 2019, el Banco Popular el banco central anunció el bloqueo del acceso a las páginas web donde se ofertaran criptomonedas.
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