Las tensiones entre China y EE UU, que parecen aumentar casi a diario, han subido un escalón más. En este caso, por Xinjiang, la región hogar de la minoría musulmana uigur en el oeste de China. El jueves, Washington anunció la prohibición de la entrada en su territorio a tres altos funcionarios chinos a los que considera responsables de los abusos contra los derechos humanos de esta etnia. Este viernes, Pekín ha respondido que impondrá medidas similares contra los cargos estadounidenses que considere han tenido un “mal comportamiento” en lo relativo a esa región.
China “desde luego que responderá” contra los actos que considere una injerencia en sus asuntos internos y que pongan en peligro su soberanía o sus intereses de seguridad y desarrollo, ha asegurado el portavoz de Exteriores en Pekín, Zhao Lijian, en la rueda de prensa diaria de su ministerio. “En respuesta a las prácticas erróneas de Estados Unidos, China ha decidido adoptar medidas recíprocas contra las instituciones e individuos estadounidenses que muestren un mal comportamiento en cuestiones relacionadas con Xinjiang”, ha agregado. Hasta el momento, Pekín no ha identificado por nombre quiénes podrían ser objeto de esas represalias.
Washington sí lo ha hecho sobre los funcionarios objeto de sus sanciones. El más destacado es Chen Quanguo, el secretario general del Partido Comunista de China en Xinjiang y, por ende, el hombre con más poder en la región. Chen, uno de los 25 miembros del Politburó —el organismo directivo del Partido—, había estado con anterioridad a cargo de Tíbet. De allí importó, según las organizaciones de derechos humanos y expertos, parte del sistema de vigilancia y control implantado en la región de 25 millones de habitantes.
El método incluye numerosos puntos de control de los documentos de identidad, sistemas de reconocimiento facial, arcos de detección de metales a la entrada de edificios públicos y ubicuas cámaras de circuito cerrado por todo el territorio de Xinjiang. Pekín considera las medidas necesarias para impedir la repetición de atentados como el que en 2014 dejó 31 muertos en un mercado de Urumqi, la capital de la región, y que atribuye a grupos islámicos radicales.
Fue tras la llegada de Chen, de 64 años, a la región cuando se implantó la vasta red de “campos de reeducación” para las minorías musulmanas de Xinjiang, que se calcula que pueden haber acogido en torno a un millón de personas de todo tipo y condición, y que China describe como centros de formación necesarios para combatir el terrorismo y el separatismo. Numerosos ocupantes de estos centros que han logrado abandonarlos tras completar su “transformación ideológica” y salir de China, o sus familiares, han denunciado malos tratos y lavados de cerebro. Según Pekín, la “mayoría” de estos centros han sido cerrados antes de mediados del año pasado tras cumplir su función, aunque las fuertes medidas de seguridad en la zona hacen imposible comprobar ese extremo de manera independiente.
Están incluidos también en las sanciones Zhu Hailun, antiguo máximo responsable de la seguridad de Xinjiang, y Wang Minshang, también alto cargo del departamento de Seguridad Pública de la región.
“Estados Unidos no permanecerá impasible mientras el Partido Comunista de China perpetra abusos de los derechos humanos contra uigures, kazajos étnicos y miembros de otras minorías en Xinjiang, para incluir trabajos forzados, arrestos masivos y arbitrarios y el control forzoso de la población, así como intentos de borrar su cultura y su fe musulmana”, ha declarado el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en un comunicado.
Zhu, Wang y Chen, junto a sus familiares, verán vetada su entrada a Estados Unidos. Además, el Departamento del Tesoro ha ordenado la congelación de bienes de un cuarto funcionario de la seguridad china en Xinjiang, Huo Liujun.
El mes pasado, un informe del experto independiente en Xinjiang Adrian Zenz, publicado por el laboratorio de ideas Jamestown Foundation, acusaba a las autoridades chinas de llevar a cabo una campaña de control de la natalidad entre la población uigur que incluía la práctica de esterilizaciones y abortos. La semana pasada, las aduanas de EE UU interceptaron en Nueva York un cargamento de productos a partir de cabello humano, obtenido al parecer en los campos de trabajo de Xinjiang.
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