Por Ángeles Mariscal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que en su resolución 35/2021, otorgó medidas cautelares a favor de las familias indígenas tsotsiles que viven en doce comunidades del municipio de Aldama, ubicada en la zona Altos de Chiapas. Se trata de familias que viven bajo agresiones de civiles armados.
Tan solo el pasado fin de semana, las personas indígenas agraviadas reportaron ocho agresiones armadas que los mantienen sin posibilidad de salir o moverse libremente por las comunidades, o acceder a sus campos de cultivo para obtener alimentos.
Una de estas agresiones fue la del sábado 24 de abril. Así fue descrita por las familias tsotsiles, en el reporte que desde hace cuatro años envían a la Fiscalía de Chiapas, con la esperanza de que detenga a sus agresores: “01:36 pm Disparos de altos calibres en el punto de ataque de Chuch te’ Santa Martha Chenalhó (lugar de donde identifican se encuentran sus agresores), le disparan a los carros que transitan en esa parte, porque es el único camino que conecta a la cabecera municipal (de Aldama), Stzelejpotobtik, Juxton, Ch’ayomte’, San José Fiu, Mexa ton, entre otras comunidades”.
En su comunicado que la CIDH hizo público este martes, refiere que otorgó medidas cautelares a favor de las familias indígenas tsotsiles que viven en las siguientes doce comunidades Coco´, Tabac, Xuxch´en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y la cabecera Aldama.
“La Comisión consideró que la situación reúne prima facie (A primera vista) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad (…) las familias indígenas en las comunidades de Aldama se encontraban en una situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial en la zona”, explica el organismo.
Añade que según han documentado las personas afectadas, “las agresiones armadas siguieron presentándose, incluso pese a contarse con un Acuerdo de No Agresión”.
Por ello, la CIDH – órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- pide al Estado de México que adopte las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad de los habitantes de Aldama; y que realice las investigaciones sobre la situación que se vive en esa región de Chiapas.
Las agresiones contra los habitantes de Aldama, se dan en el marco de la disputa por 60 hectáreas de tierra, con sus vecinos del municipio de Chenalhó. Los gobiernos han acordado con los habitantes de los dos municipios la división equitativa de las tierras, sin embargo este acuerdo no ha detenido la agresiones armadas.
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