La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Estados Unidos y al estado de Tennessee a no ejecutar a Christa Pike, cuya pena de muerte está programada para el 30 de septiembre de 2026.
Pike es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en la Resolución 95/2020, emitida el 11 de diciembre de 2020.
En ella, la Comisión pidió proteger su vida e integridad personal, abstenerse de aplicar la pena de muerte y garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales.
Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, otra estudiante del programa Job Corps, ocurrido en Knoxville en enero de 1995, cuando ella también tenía 18 años.
Sus abogados señalaron que durante su infancia sufrió abuso físico y sexual, además de negligencia, y que posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.
La CIDH señaló en un comunicado que, entre los motivos para otorgar las medidas cautelares estuvo la actuación de los abogados de oficio que representaron a Pike durante el juicio en el que fue condenada a muerte; según la Comisión, no presentaron de manera eficaz pruebas atenuantes relacionadas con antecedentes de violencia sexual y abuso infantil.
También manifestó preocupación porque Pike tenía 18 años cuando ocurrió el delito y porque, de acuerdo con la información analizada por la Comisión, sus circunstancias relacionadas con la salud mental no fueron consideradas adecuadamente durante el proceso.
Otro de los aspectos señalados son sus condiciones de reclusióny la CIDH indicó que Pike lleva más de dos décadas en aislamiento y es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee.
La Comisión advirtió que el aislamiento prolongado puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante, además de estar asociado con graves efectos en la salud física y mental.
Aunque la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre no prohíbe la pena de muerte, la CIDH sostuvo que una ejecución en circunstancias como las de Pike representa una situación suficientemente grave para mantener medidas cautelares mientras se analiza la petición presentada ante el sistema interamericano.
Por ello, pidió a Estados Unidos y Tennessee adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Pike y abstenerse de ejecutar la condena mientras la CIDH continúa examinando el caso.
La Comisión aclaró que las medidas cautelares no constituyen una determinación definitiva sobre posibles violaciones de derechos humanos.
Su finalidad, dijo, es preservar la situación jurídica de la beneficiaria mientras se evalúa la petición y se determina si existieron violaciones.
La CIDH recordó además que ha identificado como principales problemas relacionados con la pena de muerte el riesgo de ejecutar a personas inocentes, la arbitrariedad e injusticia en su aplicación y el trato inhumano asociado con la espera de una ejecución.
Finalmente, la Comisión reiteró su llamado a abolir la pena de muerte en las Américas o, como alternativa, establecer una moratoria sobre las ejecuciones como paso hacia su abolición gradual.
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