Véronique Gaymard
Desde el 28 de abril, el estallido social en Colombia, desatado tras un proyecto de reforma fiscal que Iván Duque ya retiró, deja al menos 43 muertos, casi todos civiles, y más de 2 mil heridos, mientras persisten 84 cierres viales que afectan particularmente a departamentos del oeste del país.
La respuesta del gobierno de Duque generó condenas de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y ONGs internacionales.
“Me parece que ha bajado un poco la tensión al día de hoy y se habla de la posibilidad de un preacuerdo inicial con el Comité del Paro Nacional sobre las obligaciones del Gobierno de respetar el derecho a la protesta”, dice el exvicepresidente y jefe negociador de los acuerdos de paz con las FARC, Humberto de la Calle. “Pero en algunas zonas de Colombia hay todavía una situación de bloqueos, de desabastecimiento, particularmente en la zona hacia el Océano Pacífico. Hay un gran descontrol en ciertos sectores de la ciudad de Cali. Sin embargo, creo que a través del Comité (del Paro Nacional) y de las buenas gestiones del monseñor Henao, Carlos Ruiz Massieu (jefe de la Misión ONU Colombia) de las Naciones Unidas a lo mejor esta semana también mantengamos un poco la esperanza de que esto se pueda canalizar”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, solicitó el 14 de mayo la anuencia del gobierno de Iván Duque para evaluar in situ la situación de derechos humanos en Colombia.
Pero este lunes 23 de mayo la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de gira esta semana por Estados Unidos, no consideró que por ahora sea pertinente.
“Una decisión absolutamente inaceptable”, dice De la Calle. “Me parece que una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiera contribuido a pacificar y también a brindar el mensaje frente a los manifestantes de que no se agota la acción del Estado en la represión y que hay un verdadero compromiso en la salvaguarda de los derechos humanos”.
Este martes 25 de mayo, la CIDH reiteró la relevancia de realizar “a la brevedad posible” una visita de trabajo a Colombia.
“La CIDH reconoce la oportunidad de diálogo con el Estado colombiano y enfatiza la importancia de una visita de trabajo a la brevedad posible”, señaló la entidad tras reunirse con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
En un comunicado, la Comisión expresó preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza y denuncias de violencia sexual y dijo que seguirá monitoreando los sucesos en el país sudamericano.
Ramírez destacó la iniciativa del gobierno de Duque de reunirse con la CIDH, prometió enviarle información sobre las protestas y la invitó a realizar la visita luego de la audiencia pública de oficio sobre la situación en Colombia, prevista para el 29 de junio en el 180 Periodo de Sesiones de la Comisión.
“¡El país siempre cooperará con este organismo!”, tuiteó Ramírez.
“Vamos a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, primando así la transparencia en la entrega de información“, prometió.
Al pedir la visita, la CIDH señaló reportes de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas.
Agregó que también recibió informes de agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado.
Estados Unidos, que ha patrocinado durante décadas el combate contra el narcotráfico, permitiendo equipar y capacitar a la fuerza pública en su lucha contra las guerrillas, ha denunciado los abusos cometidos por la policía en la represión de las protestas.
Con AFP.
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