La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe (OACNUDH), manifestaron su preocupación sobre la utilización del software espía Pegasus en El Salvador.
Las organizaciones se refirieron a los hallazgos del instituto canadiense The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, sobre el supuesto espionaje a editores, reporteros e incluso activistas, que abordan asuntos de relevancia pública.
Por lo tanto, exhortaron al Estado salvadoreño a investigar los hechos denunciados de manera “efectiva e imparcial, y a velar por la protección de la integridad de las víctimas”.
De acuerdo con el peritaje dado a conocer por Citizen Lab, al menos 35 personas de distintos medios y organizaciones civiles fueron intervenidas con el ‘malware’ Pegasus, creado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group y vendido a gobiernos.
De estos objetivos, al menos 22 personas pertenecen al portal de investigación El Faro, que presumiblemente había permanecido bajo vigilancia entre junio de 2020 y noviembre de 2021.
“El peritaje pudo concluir, asimismo, que el acceso a los aparatos telefónicos se habría realizado en fechas específicas que coinciden con momentos en los que el periódico adelantaba, había publicado, o estaba próximo a publicar reportajes de interés público, y en contextos de debates políticos nacionales relevantes”, señala el texto.
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Las organizaciones mencionan que este tipo de prácticas no solo vulneran el derecho a la privacidad, sino que también tienen el potencial de afectar los derechos inherentes al ejercicio del periodismo, incluyendo la reserva e integridad de las fuentes, así como los derechos de otras personas de su entorno.
Entre los periodistas de El Faro que se podrían haber visto afectados por Pegasus, 19 son beneficiarias y beneficiarios de medidas cautelares ordenadas por la Comisión desde enero del año pasado.
“Según la información reportada, un número importante de dichas intervenciones habrían tenido lugar en abril y mayo de 2021, tres meses después de que se emitieran las medidas cautelares, en las que solicitó al Estado de El Salvador garantizar que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”, puntualiza.
“Al respecto, el Estado informó su interés de mantener la supervisión de las medidas cautelares del caso El Faro bajo el mecanismo de informes periódicos”, dicen.
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La CIDH, la RELE y la OACNUDH invitan a El Salvador a que ofrezca garantías efectivas al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad, en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos, por medio del desarrollo de investigaciones conducidas con la debida diligencia, y que sean completas, efectivas e imparciales.
#ElSalvador – @CIDH @RELE_CIDH y @OACNUDH expresan su preocupación ante los hallazgos sobre uso del software #Pegasus para espiar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador
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— OACNUDH (@OACNUDH) January 31, 2022