“¿Qué preferís, que vuestro pueblo huela a pinos o a mierda?”. Natividad Pérez lanza esa cuestión a los vecinos que preguntan qué pasará si en su pueblo se instala una macrogranja. Ella les cuenta la experiencia por la que ya han pasado en Balsa de Ves, en Albacete, donde es alcaldesa. Les explica los problemas que sí generan estas explotaciones, como la contaminación del suelo y las aguas, y de los malos olores. Les cuenta la experiencia de su pequeño municipio, de 131 vecinos, donde se crían unos 100.000 cerdos al año. “Tocamos a 763 animales por habitante”, dice. Su voz está ayudando a montar plataformas vecinales contra nuevos proyectos de ganadería industrial en pueblos de la España vacía —Albacete, Cuenca, Toledo, Zamora, Ávila—, que han realizado varias protestas este año y tienen otra prevista para este viernes en 50 localidades.
La preocupación que mueve a estos pueblos es el deterioro de su calidad de vida, pero sobre todo el futuro. La ganadería intensiva porcina acelera la despoblación o es incapaz de frenarla, según sugiere un nuevo informe de Ecologistas en Acción. Balsa de Ves, por ejemplo, ha perdido un 40% de vecinos desde que se instaló la macrogranja en 2006, aunque también influyen otros factores como la falta de servicios. La patronal Interporc, que aglutina al sector porcino, defiende que las más de 86.000 granjas de cerdos del país dan empleo a 400.000 familias de forma directa e indirecta, la mayor parte en zonas rurales, por lo que son “esenciales para luchar contra la despoblación”, y achaca las protestas a “grupos animalistas”.
El trabajo de Ecologistas analiza centenares de municipios de menos de 5.000 habitantes alejados de grandes ciudades donde hay una gran carga porcina intensiva —de 5.000 a más de 100.000 animales— y los compara con otros cercanos y con población similar pero sin estas instalaciones. En el 74% de las comparativas, las localidades con estas macrogranjas pierden más población o ganan menos habitantes que las que no lo tienen. “No hay una relación positiva entre la ganadería industrial porcina y la lucha contra la despoblación”, dice Daniel González, coordinador del informe.
Jorge Blanco, investigador en Demografía en la Complutense, explica que este tipo de industrias “transforman la economía de zonas rurales, que suele estar basada en la agricultura y la ganadería extensiva, en una única dirección que no necesariamente repercute en la vida del pueblo, con lo que se elimina parte de la riqueza asociada a actividades laborales diversas”. Por ejemplo, “hace que quienes tengan otras actividades vendan sus terrenos y pasen a ser rentistas”. En su opinión, “es cierto que estas industrias tienen potencial de atracción de trabajadores, pero no tienen por qué vivir en el lugar, y si no lo hacen no pagan impuestos allí y no entra renta al flujo del pueblo”.
Por su parte, Vicente Pinilla, director de la Cátedra Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, señala que “el hecho de que los municipios con macrogranjas crezcan menos no demuestra que la causa sean estas instalaciones, es decir, esa correlación no implica causalidad”. La cuestión clave “es si el porcino produce despoblación o va a donde hay despoblación, lo cual parece más probable”. Pinilla considera que hay otras causas para la despoblación rural como la falta de oportunidades laborales, la carencia de servicios públicos y una estructura demográfica muy desequilibrada, masculinizada y con personas de edad avanzada. “Este tipo de despoblación ha ocurrido en toda Europa en los últimos años”, añade.
Olor insoportable
Ecologistas y las plataformas vecinales asumen que la ganadería industrial no es el único factor que impulsa la despoblación, pero quieren destacar que no sirve para fijar habitantes, como defiende el sector. Natividad Pérez explica el ejemplo de Balsa de Ves: “En 2006, cuando yo era concejal de la oposición, se instaló la macrogranja y nos vendieron que iban a contratar a todos los parados y que iban a dar mucho trabajo. Pero solo contrataron a cinco personas del pueblo”.
La ilusión se fue diluyendo con los años. De 2000 a 2020, el municipio ha perdido casi el 50% de su población (de 259 a 131 habitantes), la mayoría de los cuales se fue desde 2006 (un 40%). Ecologistas lo compara con Villavaliente, una localidad cercana similar, que en dos décadas perdió el 22% de sus habitantes (de 282 a 220). “El sector dice que estas instalaciones fijan la población, pero no es cierto. ¿Quién va a querer vivir al lado de una granja que genera olores, que contamina, que tiene tránsito de camiones enormes que destrozan los caminos públicos?”, se queja Pérez. Fidel Aldudo, jubilado y teniente de alcalde, vive en La Pared, una pedanía de Balsa de Ves donde siempre huele mal: “El olor es insoportable, nunca te acostumbras”.
Entre los vecinos de este pueblo de calles estrechas y casas bajas, división de opiniones. José Murcia, de 79 años, toma un tercio en El Ventorro, el único bar del pueblo: “La macrogranja supone problemas de olores, lo noto mucho cuando salgo a pasear con la bicicleta, muchas veces me tengo que volver por la peste”. Matilde González, de 50 años y con tres hijos, se queja de la falta de oportunidades: “Estoy en el paro, he echado el currículum en la granja y no me llaman. Nos deberían dar prioridad a los que vivimos aquí”. Otro residente que prefiere no decir su nombre cree que la instalación no genera ningún problema y da trabajo.
La regidora desde 2015 —con listas abiertas— camina junto a la puerta del complejo, situado a cuatro kilómetros de la localidad. Señala un campo donde la tierra se ha pintado de negro con un material similar al petróleo. “Es digestato, una mezcla que hacen entre los purines y otros residuos, porque también tienen una planta de biogás. La normativa dice que deberían arar en menos de 24 horas para evitar la contaminación del aire, pero lleva ahí varios días”, apunta. “Nadie quiere estas instalaciones, por eso buscan pueblos pequeños con población envejecida y sin técnicos municipales ni tejido asociativo que les puedan plantar cara. Y una vez que se establecen intentan expandirse”. La empresa no ha respondido a los correos de este diario.
La patronal Interporc explica que, según su análisis, “no existe ni un solo pueblo en el que una granja haya supuesto el abandono de familias, sino todo lo contrario. Otra cosa será que haya pueblos en los que una granja no haya podido frenar la despoblación, pero es distinto”. En su opinión, este sector hace una gran apuesta por las zonas rurales, lo que atrae a la industria agroalimentaria y a la industria auxiliar. “La actividad agrícola y ganadera es esencial para luchar contra la despoblación”, resume. En cuanto a la contaminación, apunta que la normativa exige aplicar los purines directamente en el suelo y enterrarlos antes de 12 horas, lo que está reduciendo un 30% las emisiones de amoniaco, según sus informes. “El sector produce hoy un 50% menos de purines y más del 90% de los purines se reutiliza en sustitución de los abonos”, añade. Según los datos de las diferentes patronales, en España hay 86.000 granjas porcino (un 80% de ellas, de carácter industrial), 130.000 de vacuno y 5.000 avícolas.
Plataformas ciudadanas
Las plataformas ciudadanas contra este tipo de ganadería industrial no dejan de crecer. Un ejemplo es Loporzano sin ganadería intensiva, en Huesca. “Fuimos el primer movimiento vecinal que se opuso a este tipo de explotaciones”, dice Rosa Diez, portavoz del movimiento. “Nos instalaron una granja para 75.000 pollos y luego vimos que había varias peticiones para instalar porcino industrial y conseguimos frenarlas”. ¿Qué problemas les genera? “Los purines tienen antibióticos, metales pesados y nitratos, que se filtran en el terreno y acaban en los acuíferos, contaminando las aguas. Ya hay muchos municipios con agua no potable”, continúa Diez. Su movimiento impulsó la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que coordina movimientos similares por todo el país.
Inma Lozano, de Stop Macrogranjas CLM, critica “el desmesurado crecimiento de este tipo de instalaciones, que se están aprobando sin valorarlas en su conjunto tanto por el consumo de agua como el de purines”. Lozano vive en Pozuelo, una pedanía de Albacete de menos de 500 habitantes donde los vecinos se movilizan contra un proyecto para criar 150.000 cerdos. Greenpeace calcula que en los últimos tres años se han concedido autorizaciones para nuevas instalaciones al ritmo de 1,5 al día, por lo que exige una moratoria a este tipo de ganadería, algo en lo que coinciden todas las plataformas.
En los últimos meses ha habido muchas manifestaciones contra nuevos complejos, aunque la mayoría han ocurrido en pueblos pequeños, por lo que no han tenido mucha visibilidad. En mayo, llevaron su protesta a varias capitales de provincia. Pueblos Vivos Cuenca ha organizado varias concentraciones en más de 30 municipios en esa provincia. En Castilla y León uno de los focos está en Segovia; allí, Belén Bernardos acudió en julio a una concentración en su municipio, Bernardos. “Nuestra plataforma aglutina a 15 pueblos preocupados por esto, donde hay 18 proyectos pendientes de aprobación. El próximo viernes nos volvemos a manifestar”, señala. Ocurrirá lo mismo en 50 localidades más de toda España. Natividad Pérez lo resume así: “Los pueblos son un territorio de sufrimiento y resistencia. Las plataformas están dando voz y dignidad a los vecinos para parar esta locura”.
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