Este martes organizaciones de la sociedad civil y gremiales expusieron sus argumentos contra la reforma judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al terminar presentaron un comunicado con sus cinco argumentos centrales, el cual se reproduce aquí:
1. Acceso a la justicia para todas las personas
La reforma no prioriza ni atiende las necesidades de las víctimas. Tan sólo en 2023, el 92.9% de los delitos no se denunciaron debido a la desconfianza en las autoridades.
Es una oportunidad perdida que no se haya propiciado una reforma integral al sistema de justicia, que atendiera las deficiencias en las fiscalías, las policías y las defensorías públicas, y que planteara mecanismos concretos para mejorar la atención a las víctimas y la eficacia de las investigaciones para combatir la impunidad.
2. Riesgos para la independencia judicial
La reforma introduce la elección de personas juezas, magistradas y ministras por voto popular sin mecanismos que aseguren la definición de perfiles idóneos e independientes, por el contrario, la reforma los hace susceptibles a presiones políticas, económicas y populares.
Esto podría corromper su imparcialidad y su función de proteger derechos fundamentales, al priorizar la popularidad sobre una justicia objetiva e imparcial.
3. Proceso de selección y cese de jueces y juezas
La nominación de las personas candidatas por las que se votaría se hará a través de comités elegidos por cada poder público, los cuales no sólo son diferentes entre sí, sino que no todos aseguran imparcialidad para hacer las nominaciones de acuerdo con la idoneidad de los perfiles.
Asimismo, el hecho de destituir arbitrariamente a todas las personas juzgadoras del país en los años 2025 y 2027 generará un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el sistema de justicia que perjudicará a todas las personas usuarias. Es importante señalar que la reforma genera un mayor impacto en las mujeres con relación a los hombres.
Al 30 de septiembre de 2024, 190 mujeres son juezas de distrito y 156 mujeres son magistradas, es decir, 43.8% y 21.5%, respectivamente, sobre el total de cada cargo.
A partir del proceso masivo de destitución arbitraria, para 2027, la totalidad de operadoras de justicia en el ámbito federal, es decir, 346 mujeres, serán removidas.
En otras palabras, 346 mujeres que han logrado romper el “techo de cristal”, serán, paradójicamente, invisibilizadas y destituidas por otra mujer, la primera presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo.
La carrera judicial es un pilar fundamental para contar con un sistema de justicia confiable, transparente y eficiente en beneficio de la sociedad. Al condicionar a voto popular la asignación de personas juzgadoras, se corta de tajo la carrera judicial, se desvaloriza el esfuerzo y la dedicación de quienes han construido sus carreras a través de años de estudio y capacitación.
La reforma, no garantiza de forma alguna la prevalencia de los derechos laborales existentes, cuya progresividad debe garantizar el Estado Mexicano, al contrario, pone en riesgo los derechos laborales de miles de trabajadores judiciales y sus familias, generando una incertidumbre que debilita la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
4. Impacto en los derechos de las personas y la democracia
Al debilitar la independencia judicial, es decir, la imparcialidad para que la justicia sea pareja, se compromete la protección de derechos fundamentales de las personas.
Bajo el argumento de una supuesta “democratización” de la justicia, y aprobada con mayorías artificiales en procesos legislativos irregulares, la reforma plantea riesgos que harían a la justicia más lenta y menos eficiente.
La reforma no soluciona los múltiples obstáculos a la justicia a los que nos hemos enfrentado las organizaciones que acompañamos a víctimas, ni agiliza el acceso a recursos judiciales como el amparo, por el contrario se instalan figuras violatorias del derecho al debido proceso como los jueces sin rostro.
La reforma viola múltiples estándares internacionales en materia de independencia judicial.
5. Tribunal de Disciplina Judicial
La creación de un tribunal con facultades para sancionar a las personas juzgadoras de manera arbitraria podría usarse para presionar y controlar a las y los jueces de todo el país. Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
1. Se solicite al Estado un informe sobre la reforma al Poder Judicial, el cual, debido a la relevancia de la situación, solicitamos que lo haga público.
2. Elabore un informe sobre la temática y formule recomendaciones para que el Estado adopte medidas progresivas, e instale un Mecanismo Especial de Seguimiento.
3. Le ofrezca al Estado su asesoramiento y asistencia técnica a través de su Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
4. Se pronuncie públicamente sobre la reforma; de considerarlo oportuno, lo haga, de forma conjunta, con la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU.
5. Incluya en su próximo informe anual a la Asamblea General de la OEA un apartado especial sobre la reforma al Poder Judicial en México.
6. Ejerza sus buenos oficios, para que el Estado acepte la realización de una observación in loco.
7. De conformidad con la Resolución 4/23 adopte una política de priorización de peticiones y casos sobre esta temática.
8. Solicite una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana sobre estándares interamericanos en materia de independencia judicial en casos de procesos de reforma judicial, en que se vea en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho.
9. Ante la ruptura grave del orden democrático y constitucional, inste al Secretario General de la OEA a activar, de inmediato, los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
10. Reconsidere los criterios de adopción de medidas cautelares cuando en situaciones estructurales, como la presente, se ponga en riesgo la institucionalidad democrática; en este sentido, es urgente que la Comisión se dirija al Estado, a fin de frenar la destitución masiva y arbitraria de todas las juezas y jueces en México.
11. Convoque a una audiencia de seguimiento en su próximo período de sesiones.
12. Inste al Estado para que se abstenga de realizar cualquier acción de persecución en contra de quienes participamos en esta audiencia.
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