Un equipo de cinco miembros del programa Salvados, difundido por La Sexta, ha sido interceptado por la policía este lunes en Tánger junto a su traductor marroquí, cuando se disponía a entrevistar a familiares de las 29 personas que fallecieron ahogadas y electrocutadas en un taller textil de Tánger el pasado febrero. La entrevista había sido coordinada con la asociación tangerina Attawassoul (Comunicación, en árabe).
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Lamia Azus, miembro de la organización Attawassoul, ha indicado a este diario que el incidente se produjo en una cafetería, a las tres y media de la tarde. “Yo estaba presente. De pronto llegaron los policías y metieron en una furgoneta a los cinco miembros de Salvados y a su traductor, un marroquí. No tenían cámaras ni nada. Solo estaban sentados en la cafetería”.
Un miembro de Salvados ha añadido desde España que el equipo viajó a Marruecos sin material de rodaje porque la intención era hacer un trabajo de “preproducción”. Es decir, para documentarse y decidir si finalmente se hacía el reportaje o no. El objetivo era efectuar esa tarea durante varios días de estancia en el país. Pero las autoridades marroquíes les conminaron a salir del país este mismo lunes, junto al traductor que los acompañaba.
“Entiendo que las autoridades exigen venir con la documentación necesaria para filmar”, ha señalado la misma fuente de Salvados. “Pero nosotros no habíamos traído nada porque no pretendíamos rodar. Siempre que grabamos en el extranjero, cumplimos escrupulosamente con todos los requerimientos del país”
Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión del Ministerio de Comunicación marroquí.
Bouker el Khamil, presidente de la asociación y esposo de Lamia Azuz, añadió que las entrevistas habían sido planificadas hacía un mes. “Iban a verse con los familiares en la sede de nuestra organización. Pero antes de que llegaran, el edificio de la asociación fue rodeado por furgonetas de policías. Parecía que estábamos en una guerra”.
El Khamil cuenta que entonces avisó a los periodistas para que no acudieran a la asociación. “El plan era que mi esposa los condujera hacia las casas de los allegados. Pero en ese momento llegó la policía y les pidió la documentación”. El activista tangerino añade: “Las familias de las víctimas solo están reclamando sus derechos a las autoridades marroquíes. Es como si no quisieran que se les escuchase”.
El sótano donde se encontraba el taller resultó inundado tras una noche de tormenta y la mayoría de los trabajadores fallecieron dentro. En un primer momento las autoridades locales informaron de que el taller era clandestino, pero después se supo que estaba inscrito en el Registro Mercantil de Marruecos.
Las familias de las 29 víctimas difundieron el pasado 15 de junio una carta que habían enviado al jefe del Gobierno, Saadedín el Otmani, en la que le reclamaban que considerase sus demandas “legítimas”, después de haberle escrito otra carta dos meses antes. Los familiares decían haber obtenido “un cierto número de informaciones” que prueban “la responsabilidad de instituciones locales” ligadas al Gobierno. Y añadían que el taller no contaba con las condiciones de seguridad ni de higiene y funcionaba de la misma manera desde “hace más de 15 años”.
Los allegados de las víctimas reclaman la creación de un comité independiente que investigue el accidente, para “pedir cuentas a los responsables implicados”. Y solicitan del Gobierno “un apoyo financiero y moral”. Los próximos de las víctimas aseguran vivir con “mucha pobreza”, sin protección social y “en la ausencia de todo apoyo del Estado”.
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