¿Cómo puede el Estado ayudarle a cuidar a sus hijos, a sus mayores, a un familiar enfermo? El asunto de cómo abordar desde los poderes públicos la conciliación de la vida familiar y laboral y los cuidados, que recaen de forma mayoritaria en las mujeres dentro de la familia y en trabajadoras precarias fuera de ella, se ha hecho mucho más patente con la pandemia y el confinamiento, cuando en muchos hogares hicieron malabarismos para mantener la vida familiar y profesional entre las mismas cuatro paredes. Ahora que llegan nuevos fondos de Europa para salir de esta crisis económica y sanitaria y que estos cuidados se han hecho más visibles, el Ministerio de Igualdad pone en marcha la llamada mesa asesora para los cuidados, en la que debatirá con otros cuatro ministerios y medio centenar de organizaciones para cerrar un libro blanco en el plazo de un año. El objetivo es implantar políticas que garanticen este derecho a los cuidados, es decir, que hombres y mujeres puedan trabajar y atender a una familia, que las mujeres no se vean penalizadas por tener hijos o que la atención a mayores y dependientes esté garantizada.
Conciliación, la asignatura pendiente lastrada por la pandemia
Al tiempo que elaboran ese diagnóstico, se han comprometido a poner en marcha algunas medidas en lo que queda de legislatura: políticas como la ampliación de permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses (actualmente son de cuatro), una prestación por el cuidado de menores, el reconocimiento al derecho a excedencia por el cuidado de familiares o medidas que garanticen la flexibilidad horaria en los trabajos.
Son algunos de los compromisos que ha enumerado este martes la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, en la presentación a la prensa de la iniciativa. La directora ha recordado el concepto feminista de la economía de cuidados y cómo la cuarta ola feminista aboga por ponerlos “en el centro” del debate público. Buscan un “cambio de paradigma”, introducir “reformas estructurales que permitan que en el cambio de recuperación postcovid incorporemos no solo la transformación ecológica o tecnológica, sino la transformación económica feminista”.
“Las mujeres hemos estado muy solas atendiendo tareas que son imprescindibles para que ruede el sistema”, ha añadido Morillas. Junto con dos asesoras de Igualdad, ha contado este martes algunas de las claves de este nuevo ente. Participan los ministerios de Igualdad, Derechos Sociales y Trabajo y Economía Social ―actualmente liderados por Unidas Podemos— y de los de Inclusión y Educación, que encabezan ministros socialistas. Hay 15 expertas en economía feminista que participarán, como Amaia Pérez Orosco, María Pazos, Silvia Gil o María Ángeles Durán, entre otras, y un experto: Vicente Marbán. Y una cincuentena de organizaciones, entre las que están representados sectores precarizados como el de las empleadas del hogar, organizaciones de madres solteras y familias monoparentales, asociaciones familiares, de personas enfermas o de trabajadores sociales, además de los sindicatos (UGT, CC OO), la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y organizaciones internacionales como el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) o la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Aún se pueden incorporar más participantes, aseguran desde Igualdad. La mesa buscará dar valor a estos cuidados como trabajo “indispensable” o ampliar estos servicios y que los profesionales que los prestan trabajen en condiciones dignas.
Precariedad
Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tercio de las 700.000 empleadas domésticas que trabajan en España no tienen contrato ni, por tanto, ningún tipo de protección social. Este colectivo reclama desde hace más de un lustro que España ratifique el convenio 189 de la OIT que les permitiría acceder a prestaciones y derechos “a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general”, según el convenio. Es solo un ejemplo de una de las medidas que ya podrían estar en marcha, como la reiteradamente prometida red universal de plazas educativas para menores de cero a tres años. Esta red ya era deficiente antes de esta crisis sanitaria mundial.
En España, el 62% de los menores de tres años no estaban escolarizados en 2018, según un análisis elaborado por este periódico. Y la pandemia ha supuesto un mazazo para este ciclo, que no es ni universal ni gratuito. En el curso pasado, se redujo en casi 80.000 alumnos, según los datos del Ministerio de Educación. Se preveía un cierto descenso por la baja natalidad, pero la pandemia (con el miedo de las familias a los contagios y a perder sus empleos) ha supuesto un descenso mucho más brusco. Se han perdido además unos 10.000 empleos, casi todos ocupados por mujeres, al tratarse de otro sector feminizado.
Entre los compromisos alcanzados con los fondos europeos para la recuperación está la creación de hasta 200.000 plazas más. Morillas ha admitido que hay propuestas que ya deberían estar en marcha, como estas dos citadas: “A lo que aspiramos es que la mesa de cuidados sirva como motor y como espacio de impulso político y de incidencia para que algunas cosas que están tardando demasiado, se aceleren”. La primera reunión de la mesa será el próximo 20 de septiembre.
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