La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la costarricense Elizabeth Odio Benito, descartó este miércoles volver a optar a una de las siete sillas que componen el alto tribunal con sede en San José. Su marcha se producirá en un momento de fuerte renovación en la entidad, que pronto deberá elegir a cuatro jueces en una época particularmente agitada en el continente por las corrientes conservadoras y las secuelas de la pandemia.
La decisión de Odio, de 81 años, se suma a un anuncio similar hecho días atrás por el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. Además, el vencimiento de los dos períodos posibles para el chileno Eduardo Vio Grossi y las pocas opciones de que Ecuador pida la reelección del expresidente de su Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, consolidan la idea de cambio.
La carrera por la renovación ha comenzado. Al menos cinco gobiernos latinoamericanos han anunciado este mes sus candidaturas para conformar la Corte IDH a partir del 2022. El último en hacerlo ha sido Costa Rica, que en el mismo comunicado en que informaba sobre el pronto retiro de Odio presentó como aspirante oficial a la jurista Nancy Hernández, una magistrada progresista que ahora integra la Sala de lo Constitucional.
La candidatura de Hernández se suma a la de dos mujeres ya postuladas por Panamá y Paraguay, en la línea que ha pedido la presidenta Odio para reducir el fuerte predominio de varones en las cuatro décadas de existencia de la Corte, con 34 de 39 elecciones para ellos y solo cinco para candidaturas femeninas. El Gobierno panameño ya presentó a la exdiputada Ana Matilde Gómez y Paraguay lo hizo con Miryam Peña Candia, en la primera vez que el país sudamericano se postula para un escaño de la Corte IDH.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también recibió de manera formal, de parte de Perú, la candidatura de César Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional peruano, y la del brasileño Rodrigo Bittencourt por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro.
Las postulaciones pueden multiplicarse en los próximos meses, pues la elección está prevista para mitad de año en Washington en la Asamblea General de la OEA, organismo que enmarca la Convención Americana de Derechos Humanos que rige la Corte IDH, uno de los tres tribunales regionales de Derechos Humanos, junto con la Europea y la Africana.
Los 20 países que reconocen la jurisdicción de la Corte IDH, aunque son 25 los firmantes de la Convención, miran con atención la recomposición del tribunal que ha garantizado en años recientes derechos sociales en contra de corrientes conservadoras en auge en la región, como ocurrió con el matrimonio igualitario en Costa Rica en 2018. “Existe un retroceso en los derechos humanos de la mano de un ataque a los valores democráticos en el mundo y en esta región. Es un momento muy delicado, convulso”, dijo en una conferencia Hernández.
A ello se suman los efectos de la pandemia de coronavirus sobre el cumplimiento de derechos humanos de tipo social y económico, además de las dificultades logísticas causadas por las restricciones sanitarias en el funcionamiento normal de la Corte y de las limitaciones presupuestarias que arrastra desde años atrás.
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