Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, advirtió que los ciudadanos en Venezuela se encuentran en total desamparo frente al poder, ya que ninguna institución de procuración de justicia está funcionando para velar por los derechos humanos de las personas.
La defensora de derechos humanos agregó que la Fiscalía y el Poder Judicial están al servicio del grupo en el poder, mientras que los defensores públicos y la Defensoría del Pueblo, equivalente a la CNDH, no actúan contra las desapariciones forzadas de hombres, mujeres y hasta menores de edad que han sido detenidos durante las protestas contra la última reelección de Nicolás Maduro.
Agregó que el desgaste de las instituciones de justicia en Venezuela es tan grande que ninguna de ellas ha funcionado para atender a las familias de las víctimas de desaparición forzada en el contexto electoral y denunció que en la última oleada de denuncias se han dado casos de niños y niñas que fueron enviados a tribunales contra el terrorismo para ser procesados.
Advirtió que dichos tribunales no cumplen con los estándares internacionales de justicia, ya que fueron creados en el contexto de las últimas elecciones, en las cuales Nicolás Maduro se proclamó ganador sin mostrar nunca las actas de los comicios.
En este marco, advirtió que por miedo o complicidad con el poder, las principales instituciones de justicia no funcionan en Venezuela, por lo que las familias de las víctimas de desaparición forzada, en particular los opositores, no pueden acudir a los tribunales venezolanos para preguntar por el paradero de los presos políticos ni tampoco presentar recursos “habeas corpus”, equivalente al amparo mexicano, en contra de detenciones ilegales.
Agregó que es tan grande el miedo, que algunas familias no buscan a sus desaparecidos por temor a ser detenidas cuando solicitan alguna información. Lamentó que los abogados de oficio, que el gobierno impone a los detenidos, lejos de ayudar a las personas, avalan declaraciones obtenidas bajo presiones o torturas.
Por último, Ana Lorena Delgadillo reveló que el gobierno de Maduro no responde a las peticiones de información que le hace la ONU a través de las relatorías o procedimientos especiales para la defensa de los derechos humanos.
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