Un grupo de siete religiosas y voluntarias, entregaban maíz y frijol en Tabac -uno de los 13 pueblos asediados por los civiles armados identificados como habitantes de Santa Marta, Chenalhó-, cuando fueron agredidos.
Por Ángeles Mariscal
Chiapas. La monja de la orden de Los Dominicos, María Isabela Hernández Rea, recibió un disparo de bala en la pierna derecha, cuando en compañía de otros religiosos de Cáritas Mexicana, llevaba ayuda humanitaria para la población desplazada de Aldama.
De acuerdo a la información que hicieron llegar las personas desplazadas, cuando un grupo de siete religiosas y voluntarias, entregaban maíz y frijol en Tabac -uno de los 13 pueblos asediados por los civiles armados que identifican como habitantes de Santa Marta, Chenalhó-, los religiosos fueron agredidos.
“Los disparos de altos calibres vinieron desde el punto de ataque de T’elemax, ubicado en Santa Martha, Chenalhó, en dirección hacia la comunidad de Tabac, Aldama”, explicó una de las voceras de las más de 3 mil personas desplazadas a raíz de los ataques armados que son constantes desde 2018.
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Detalló que María Isabela Hernández Rea es religiosa de la orden Dominica, y forma parte de la Parroquia de San Andrés Larrainzar, ubicada a pocos kilómetros de Aldama. Los disparos, dijo, los hicieron aún cuando en ese momento la Policía Estatal y la Guardia Nacional estaban realizando recorridos en la zona.
Con la religiosa se encontraba además de la fundación Cáritas, integrantes del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (Fisanim) que dirige la actriz Ofelia Medina.
El Fisanim ha entregando de manera periódica ayuda humanitaria a los desplazados de Aldama, que suman más de 3 mil personas, todas indígenas tsotsiles. De acuerdo al testimonio de las personas voluntarias de Fisanim, “esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos para llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios en esta comunidad y en todos los de Aldama. Debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.”
Las agresiones de civiles armados hacia la población de Aldama, se dan en el marco de la disputa por 60 hectáreas de tierra que los habitantes de Santa Marta, Chenalhó, demandan para ellos mismos.
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Para persuadirlos de abandonar la zona, desde mediados de 2018 civiles armados disparan hacia 13 poblados de Aldama, lo que ha dejado un saldo de una docena personas fallecidas.
También han agredido a pobladores de Chenalhó.
El gobierno federal propuso dividir la tierra en disputa entre los dos municipios. Pobladores de Aldama aceptaron, aún cuando eso significa que decenas de familias deberán buscar nuevas tierras donde vivir.
Apenas el pasado 12 de noviembre, el gobierno de Chiapas dijo que recibió de parte de autoridades de Chenalhó la aceptación para la resolución pacífica del conflicto, a cambio de lo que llaman “una indemnización” económica de varios millones de pesos.
Sin embargo, las agresiones armadas se intensificaron este fin de semana. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quien acompaña a la población desplazada en su demanda para la solución pacífica del conflicto, acusó a los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador, de ser “omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud”.
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Dijo que este nuevo ataque es responsabilidad del Estado mexicano “por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral, de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas que ingresan, documentan, visibilizan la violencia y acompañan a las comunidades en desplazamiento forzado”.
Exigieron al Estado mexicano “desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas y que ponen en riesgo la vida de quienes proporcionan ayuda humanitaria a la población”.