Cuatro granjas porcícolas, ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida, Yucatán, fueron clausurados, confirmó este jueves la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De acuerdo a un comunicado conjunto de grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., Greenpeace México, Misioneros A.C.-Guardianes de las Semillas y Artículo 19,la Profepa realizó una inspección en dichas granjas porcícolas a partir de una denuncia presentada por e 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán, en noviembre de 2020.
La denuncia popular de carácter regional se presentó luego de observar afectaciones ambientales en las granjas, así como por las violaciones a sus derechos humanos como pueblos indígenas. Dicha querella fue presentada ante la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De dichas inspecciones derivaron cuatro clausuras “por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”.
En el documento recordaron que en el informe elaborado por Greenpeace ‘La carne que está consumiendo al planeta’, se menciona precisamente que únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental 22 de las 257 granjas identificadas en la Península de Yucatán. En el mismo informe se menciona como 122 de estas granjas se encuentran en regiones de atención a la biodiversidad.
“Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentamos dicha denuncia, vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola. Es importante también que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación”, agrega el comunicado.
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