Chile celebra el domingo 4 de septiembre un plebiscito de salida que definirá el destino de la propuesta de nueva Constitución en Chile. Serán 15,1 millones de ciudadanos los convocados a las urnas de manera obligatoria, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Es un texto que propone un cambio profundo en la institucionalidad chilena, como la declaración de un Estado social de derecho, y que termina con instituciones que han acompañado a toda la República, como el Senado. Las últimas encuestas conocidas antes de la prohibición de publicar nuevos sondeos de opinión otorgan una ventaja de alrededor de 10 puntos a la opción de los que rechazarán el texto. Los expertos electorales, aunque consideran complejo un cambio de las tendencias, no descartan que pueda darse vuelta al tablero, sobre todo considerando la forma en que el Gobierno de Gabriel Boric se ha desplegado por la nueva Constitución, fundamental —han dicho los ministros— para llevar adelante la batería de reformas comprometidas.
El texto que se plebiscitará no se realiza al final de un periodo autoritario —como era costumbre en el pasado—, sino por el lento deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas. A juicio de sus defensores, se trata del proceso más democrático e inclusivo que Chile ha tenido nunca. La propuesta rompe moldes: se ha convertido en la primera en el mundo redactada por un órgano paritario entre hombres y mujeres, con un marcado sello feminista que trasciende todo el texto. Pero aunque este aspecto y los bienes públicos garantizados parecen sintonizar con la ciudadanía, existen aspectos diversos que preocupan a diversos sectores, por lo que la propuesta no concita apoyos de grandes mayorías.
1. Todo comenzó con las revueltas sociales
El 18 de octubre de 2019 comenzó el estallido social. La mecha se prendió a propósito de un alza en la tarifa del metro de Santiago, con secundarios saltando las barreras de control del subterráneo, pero derivó en intensas jornadas de protesta con gran violencia y, en paralelo, con masivas manifestaciones pacíficas. Entre los políticos y observadores sociales todavía no existe un consenso absoluto sobre las causas del estallido, pero hubo un concepto que marcó por esos días las calles: mayor dignidad en demanda por mejores bienes sociales. Sucedió en el segundo Gobierno de la derecha de Sebastián Piñera (2018-2022) que estuvo contra las cuerdas. Hubo una jornada de tanta violencia, donde incluso se atacaron a cuarteles militares, que la democracia chilena estuvo en peligro. Fue el contexto en que prácticamente todas las fuerzas políticas intentaron buscar una salida institucional a la crisis política y negociaron en el Parlamento un acuerdo por la paz social y una nueva Constitución, que dio origen al proceso constituyente. En el Congreso, el diputado Boric fue uno de los firmantes, aunque esa decisión no fue compartida por su propio partido y parte de las fuerzas del Frente Amplio. El Partido Comunista, uno de los sostenes de la actual Administración, se restó del acuerdo.
La demanda por una nueva Constitución, en cualquier caso, estaba sobre la mesa hace años en la política chilena. La Carta Magna actual se redactó en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet, pero tanto al final del régimen militar como en democracia sufrió importantes reformas. El texto actual, de hecho, lleva la firma del socialista Ricardo Lagos, que sacó algunos de los más importantes enclaves autoritarios en 2005. Pero ya en la campaña presidencial de 2009 apareció nuevamente la necesidad de un nuevo texto y en el último Gobierno de Michelle Bachelet —entre 2014 y 2018— se llevó a cabo un proceso ciudadano para una propuesta de nueva Constitución. El proyecto, sin embargo, fue presentado en los últimos días del mandato de la socialista y en la siguiente Administración, la de Piñera, la iniciativa no avanzó.
2. El plebiscito de entrada y la elección de convencionales
El 25 de octubre de 2020, tras un aplazamiento por la pandemia, se celebró finalmente el plebiscito para definir si los chilenos querían o no una nueva Constitución, donde participó la mitad de los electores. El resultado fue categórico: un 78% apoyó la idea de una nueva Carta Fundamental, con un electorado variopinto que incluyó a la centroizquierda e, incluso, a ciertos sectores de la derecha. En esa ocasión se decidió, en paralelo, el órgano encargado de redactar la propuesta y un porcentaje similar —un 79%— estuvo porque lo hiciera una convención constitucional de 155 miembros enteramente elegida para aquella labor y no una que estuviera integrada, también, por parte del Congreso.
Algunos meses más tarde, a mediados de mayo de 2021, la ciudadanía nuevamente volvió a las urnas para elegir a los 155 convencionales. Por las reglas anteriormente negociadas por la clase política, fue una elección que elegiría a la misma cantidad de hombres y mujeres, con 17 escaños reservados para indígenas —en Chile hay un 13% de población que se reconoce de algún pueblo originario— y una alta cantidad de independientes, fuera de los partidos políticos. La convención quedó conformada mayoritariamente por integrantes de izquierda y de grupos defensores de determinadas causas específicas, como la ecologista. La derecha eligió solo a 37 integrantes, sin siquiera alcanzar el tercio de la convención.
3. La redacción del nuevo texto
El 4 de julio de 2021 la convención constitucional comenzó su trabajo y eligió a la académica mapuche Elisa Loncon como su primera presidenta (luego fue reemplazada, como era el acuerdo). El órgano tenía un plazo de nueve meses prorrogable a un año para presentar una propuesta de Constitución, lo que cumplió, pese a que en algún momento se temió que no lo lograría. Como fue un espacio donde los partidos políticos no tuvieron la misma influencia que en otras instancias, como el Congreso, el debate fue complejo, al igual que el proceso para llegar a acuerdos. Como la derecha estuvo prácticamente ausente —no se necesitan sus votos para alcanzar los dos tercios—, las mayores tensiones se originaron entre los mismos grupos de izquierda y centroizquierda. No ayudaron los diversos episodios que fueron dañando la confianza del órgano: uno de los convencionales de la extinta Lista del Pueblo que fingió un cáncer —la convención tuvo que trabajar casi siempre con 154 convencionales y no con 155—, otro que votó desde la ducha, insultos y acusaciones entre constituyentes, sahumerios en la sede del Congreso en Santiago donde se realizaban las sesiones, entre otros incidentes.
4. Las principales características de la propuesta de nueva Constitución
El texto definitivo tiene 388 artículos y 57 normas transitorias, con lo que será —de aprobarse— una de las constituciones de mayor extensión en el mundo. Tiene 11 capítulos.
Propone un “Estado democrático, con democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que en el país no hemos conocido nunca; Estado social de derecho; derechos sociales, protección de una naturaleza de la que formamos parte; descentralización del país”, ha explicado el constituyente Agustín Squella, liberal de izquierda, que aprobará en el plebiscito del 4 de septiembre.
Junto con la propuesta de un Estado ecológico, se trata de las primeras construcciones constitucionales que tiene un impacto directo del movimiento feminista, que incluso antes del estallido social mostró su fuerza en las calles en 2018. No solo logró la conformación del órgano constitucional en igual número de hombres y mujeres, sino la “democracia paritaria” que se lleva a unos 42 de los artículos.
En la propuesta se establece una nueva relación de los pueblos originarios con el Estado chileno con la declaración de un Estado plurinacional, lo que representa un cambio sustancial. “Si se destruye el concepto de nación chilena se termina Chile tal como lo hemos conocido desde antes de 1810″, ha criticado la historiadora Sofía Correa Sutil.
Aunque existe cierto consenso respecto de los derechos sociales contemplados en la propuestas —los detractores apuntan a la gran cantidad que se consagra y a los riesgos de judicialización—, los puntos que generan mayor controversia son, justamente, los rupturistas. Junto con el Estado plurinacional y las autonomías territoriales indígenas, las principales voces del Rechazo apuntan a propuestas como el sistema de Gobierno: un presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico que, en la práctica, implica, entre otros asuntos, la desaparición de una institución de 200 años de historia, como el Senado.
Otro de los puntos controvertidos tiene relación a los Sistemas de Justicia, que reemplazarían al Poder Judicial: “Habría una juridicidad para una parte de la población, los pueblos indígenas, y otra para el resto de la población”, critica Isidro Solís, que fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.
5. Lo que dicen las encuestas
La distancia entre ambas opciones del plebiscito sería de unos 10 puntos a favor de quienes rechazarán la propuesta de la convención chilena, según las encuestas. A 10 días del referéndum ya existe prohibición de publicar nuevos estudios de opinión, pero las últimas conocidas muestran un 37% para la opción Apruebo y 47% para el Rechazo (Panel Ciudadano UDD), un 42% para el Apruebo y 58% para el Rechazo (Black&White), un 37% para el Apruebo y 46% para el Rechazo (Cadem) y un 32,9% para el Apruebo y 45,8% para el Rechazo (Pulso Ciudadano). Según el experto electoral de centroizquierda Pepe Auth, que ha informado hace unos días sus proyecciones, el Rechazo quedaría en un 53,6% y el Apruebo en un 46,4%. Es una diferencia que parece ajustada, pero que, en sus cálculos, no deja mucho margen para que la tendencia se revierta. En un escenario de voto obligatorio, Auth proyecta la participación de 9,2 millones de personas de un padrón de 15,1 millones de votantes, es decir, alcanzaría en torno a un 60% (en la segunda vuelta presidencial de diciembre hubo un 55%).
En un país donde se libra un conflicto de generaciones más que entre la derecha y la izquierda, el voto de los adultos mayores tras la pandemia podría convertirse en un factor clave en el referéndum constitucional de Chile. Los mayores de 65 años son el segmento más proclive a participar en la votación sobre la propuesta de Constitución después de que solo un 38% votara en el plebiscito de 2020, en medio de la crisis sanitaria.
6. La continuación del proceso constituyente
De no aprobarse la propuesta, existe cierto consenso político en que la Constitución actual debe cambiarse, dada la inmensa mayoría de los chilenos que se manifestó en las urnas por el reemplazo de la actual Carta Magna en el plebiscito de entrada de octubre de 2020. Fue un proceso que se comenzó a desarrollar luego de las definiciones del ex presidente Ricardo Lagos del pasado 5 de julio, cuando señaló que ni la propuesta ni la actual Constitución generan consenso, por lo que el proceso constituyente debía continuar luego del referéndum. La derecha se ha abierto a los cambios y, de ganar la opción de quienes rechazan, la centroizquierda en el Congreso empujó la aprobación de una reforma que reduce a cuatro séptimos el quórum para modificar la actual Constitución. Es lo que defienden los que rechazarán la nueva Constitución, pero con un camino claro de reformas a la actual Carta Magna.
Para el presidente Boric y el oficialismo, sin embargo, la mejor forma de avanzar se logra con la aprobación de la propuesta y con posteriores reformas en el Congreso. Fue lo que acordó el 10 de agosto la izquierda en un documento donde se refieren a mejoras, aclaraciones y cambios a la propuesta de la convención constitucional.
El mismo presidente Boric se ha declarado garante de estas reformas que, en caso de aprobarse el texto, deberán llevarse adelante. En el caso de ganar la opción de quienes rechazan, el mandatario ha dicho que preferiría no repetir un plebiscito, sino llamar a una nueva elección de convención. De acuerdo a las autoridades del Servicio electoral, Servel, en este caso se requerirían 125 días tras el plebiscito para convocar a una nueva elección de constituyentes.
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