Desde 1993, el Día Mundial del Agua instaurado por la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se celebra cada 22 de marzo. Su objetivo en esta edición, bajo el lema “el valor del agua”, es concienciar sobre la crisis mundial de este elemento vital y la llamada a la toma de medidas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 de Naciones Unidas: “Agua y saneamiento para todos antes de 2030”.
Un reto que, para Juan Pablo Merino, director de RSC de la compañía especializada en gestión del ciclo integral del agua Aqualia, está garantizado en los países desarrollados desde hace años. “Pero ahora se trata de mantener ese privilegio frente a amenazas como la contaminación, el estrés hídrico que sufren zonas cada vez más amplias del territorio o el cambio climático”, asegura.
En los países con un suministro garantizado se asume que abrir un grifo equivale a disponer de agua, y el buen funcionamiento habitual del servicio obvia el proceso previo que hace posible ese milagro cotidiano. Un largo ciclo que va desde la captación del agua hasta la factura a los particulares, pasando por su análisis, potabilización, distribución, saneamiento y depuración. El milagro del grifo en nuestro país lo consiguen más de 60.000 personas implicadas en todos los servicios asociados al agua urbana.
Según Naciones Unidas, el modelo público-privado es el único que podrá garantizar la generalización de los servicios hídricos como palanca básica para el desarrollo social y económico
Juan Pablo Merino, director de RSC de Aqualia
Que España no tenga dificultades en ese aspecto se debe, por un lado, a que las operadoras del agua en nuestro país son empresas tecnológicamente avanzadas que llevan años aportando soluciones eficientes sobre la base de la sostenibilidad e invirtiendo en programas de I+D+i. Por ejemplo, Aqualia invirtió 4,3 millones de euros de recursos propios en desarrollar proyectos de innovación tan solo en 2019.
Otra fuente de esta eficacia es la correcta coordinación de las esferas pública y privada, una alianza de las operadoras con los ayuntamientos, que son los titulares de los servicios urbanos del agua. “Según Naciones Unidas, el modelo público-privado es el único que podrá garantizar la generalización de los servicios hídricos como palanca básica para el desarrollo social y económico”, comenta Merino.
El agua del futuro exige invertir, depurar y reutilizar
A nivel global, Naciones Unidas ha destacado que resulta imprescindible invertir, tanto en infraestructuras del agua como en gobernanza, para suministrar este recurso básico para las comunidades posibilitando su desarrollo y protección frente a enfermedades. Y en la gestión del agua urbana de nuestro país, las nuevas exigencias de la Unión Europea y los efectos del cambio climático también demandan una inversión significativa en infraestructuras hídricas y en proyectos que mejoren la depuración y la reutilización del agua.
Ante un escenario de estrés hídrico especialmente acentuado en los países mediterráneos, la reutilización de aguas ya es una necesidad para producir alimentos en la Unión Europea, donde el sector agrícola es el mayor consumidor de agua potable. “Los profesionales del sector del agua traemos el ecologismo de serie porque sabemos que trabajamos con un elemento natural delicado y más escaso de lo que parece”, apunta Merino.
El tratamiento de las aguas residuales en poblaciones pequeñas sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país que conoce bien Aqualia, ya que presta servicio a unos 800 municipios, desde grandes ciudades como Vigo o Santander hasta localidades muy reducidas. Su proyecto Life Intext busca combatir la posible escasez de agua combinando tecnologías intensivas y extensivas enfocadas a depurar el agua residual y reutilizarla, especialmente en los núcleos urbanos pequeños donde estos procesos no existen o no son lo bastante eficientes.
Los profesionales del sector del agua traemos el ecologismo ‘de serie’ porque sabemos que trabajamos con un elemento natural delicado y más escaso de lo que parece
Juan Pablo Merino, director de RSC de Aqualia
Otro proyecto innovador de Aqualia es el denominado Life Phoenix, en recuerdo del mítico ave fénix que resurgió de sus cenizas, ya que su objetivo es dotar al agua residual de una “nueva vida”, convirtiéndola en un elemento valioso para ser reutilizado en forma de biocombustible, biofertilizante y agua regenerada.
Life Phoenix, con un consorcio investigador formado por entidades públicas y privadas de España, Portugal y Países Bajos, se enfrenta a los contaminantes emergentes y los microplásticos, que causan muchos problemas en los actuales sistemas de depuración por ser difícilmente eliminables y suelen terminar provocando un grave daño medioambiental en mares y ríos. El proyecto se iniciará en dos depuradoras de la ciudad de Almería operadas por Aqualia como concesionaria del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento. Más adelante, esos prototipos tecnológicos se trasladarán a otras ubicaciones de España y Portugal para comprobar su potencial en condiciones diversas.
Un día para recapacitar
El Día del Agua conmueve a ciudadanos de a pie y a profesionales como Juan Pablo Merino, director de RSC de Aqualia, que lo afronta “con el ánimo de reivindicar su valor, pero también el enorme valor de los servicios asociados al agua urbana. Es un elemento indispensable para nuestro día a día y, sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre las cuestiones básicas de la gestión hídrica”. Algunas cifras son muy llamativas:
• 2.200 millones de personas en el mundo carecen de agua potable, y casi 3.000 millones no tienen un acceso normalizado a un agua de calidad suficiente para lavarse las manos como requiere la pandemia.
• En el Planeta se recogen y tratan más de 165.000 millones de m3/añode agua (el equivalente a 165 millones de estadios como el Santiago Bernabéu llenos de agua). Aunque solo se reutiliza el 2%, se estima que la necesidad de agua subirá un 40% en 2030.
• Sólo el 65% de los municipios españoles de entre 2.000 y 10.000 habitantes disponen de un tratamiento adecuado de sus aguas residuales, algo que afecta al 25% de los 8.131 municipios y a más de tres millones de habitantes.
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