Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), advirtió que está a punto de vencer el plazo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que evite el traslado de pacientes psiquiátricos a hospitales generales, como quedó establecido en las reformas a la Ley de Salud aprobadas el mes pasado por la Cámara de Diputados.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, reconoció que la legislación tiene avances en materia de reducción de riesgos y daños, así como acerca del consentimiento de las personas que enfrentan problemas con el consumo de sustancias tóxicas y sobre personas que tienen padecimientos mentales.
Sin embargo, “mezcla la salud mental con las adicciones”, además de que no toma en cuenta la “delgada línea” entre el abuso, el internamiento forzoso “y dejar sin opciones de atención adecuada a enfermos y enfermas psiquiátricas que voluntariamente pueden requerirla”.
Apuntó que si cierran los hospitales psiquiátricos en el país, ciertamente no habrá internamientos forzosos, pero tampoco voluntarios. “Van a dejar otra vez en el abandono a poblaciones que han sido históricamente dejadas por sus familias -pero también por el Estado- en situaciones muy vulnerables”.
Mencionó que existen muchas personas en situación de calle que padecen enfermedades mentales y que no reciben ningún tipo de atención, que son abandonadas a la calle donde están expuestos al hambre y al frío.
“Bajo el discurso de que no haya internamientos forzosos no se hacen de ninguna manera cargo de ellas y ellos”, por lo que la responsabilidad recae sobre las familias, que o no tiene los recursos suficientes o no no quiere hacerse cargo de estas personas. “El Estado se lava las manos”, comentó.
En ese sentido, Zavala advierte un riesgo de retroceder en el derecho de las personas a la salud, ya que se traslada la atención psiquiátrica a los hospitales generales, cuando se trata de una especialización que requiere que los hospitales estén capacitados para brindar este tipo de servicio.
Puso como ejemplo los brotes psicóticos o las crisis en las que las personas pueden hacerse daño a sí mismas o a otras personas. “No puedes tenerlos en hospitales generales así nomás, ¿no?”, dijo.
Para la activista no es suficiente que se capacite a las enfermeras o los médicos generales, sino que se requiere de un tratamiento especializado.
Ante ello, tanto Ocupa, como las organizaciones Reinserta, Reintegra, Derecho sin barreras y la Federación Nacional de Criminología y Criminalística, que firmaron un posicionamiento contra el cierre de los hospitales psiquiátricos, piden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra el artículo 74 de la ley, que traslada la atención psiquiátrica a los hospitales generales.
“No de toda la reforma, porque creemos hay puntos muy buenos, pero de ese punto en particular”, apuntó.
Consideró que el artículo también impactará a los presos con problemas mentales, que ya no podrán ser trasladados a hospitales especializados, lo que los pondrá en riesgo, así como al resto de la población carcelaria y al personal de seguridad y custodia, que no tiene la formación adecuada para tratar estos casos.
“Tenemos ya varias semanas insistiendo. No hemos recibido ninguna respuesta y estamos preocupados porque estamos a tres días de que se venza el plazo para que ellos puedan meter la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, advirtió.
Ve la entrevista completa:
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