Esto, durante la gestión de Felipe Muñoz Vázquez como Procurador General de Justicia de Aguascalientes, dentro del sexenio del gobernador priista, Carlos Lozano de la Torre.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019 a autoridades de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, por violaciones graves a las garantías fundamentales.
El organismo detalló que tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó que personal de dicha dependencia incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas.
Se trata de por lo menos nueve detenciones arbitrarias, así como daños a la integridad personal por tortura en 14 casos, afectación a la seguridad e integridad en dos, así como daños en integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres, además de violación al derecho de acceso a la justicia en 19.
Detalló que de los 186 casos que la CNDH investigó, en diversas ocasiones la Policía Ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su arresto.
En la mayoría de los casos las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, a un espacio con características de gimnasio, donde eran atadas de manos y pies, y sometidas a tortura y vejaciones.
El organismo explicó que las valoraciones médicas realizadas en diferentes hospitales y con base en opiniones médicas especializadas para casos de tortura acreditaron diversas afectaciones físicas y psicológicas en las víctimas.
Incluso, dicha situación llevó a una de las víctimas a intentar quitarse la vida, en tanto que los peritos médicos de la procuraduría emitían en sus dictámenes la presencia de dichas lesiones pero sin precisar temporalidad y características de las mismas.
Señala además el caso de tres mujeres que fueron sometidas a tortura y violencia sexual para declararse culpables de delitos e incluso, a una de ellas la obligaron a firmar una denuncia por violación para inculpar a un elemento policial.
Del total de casos denunciados, sólo 25 personas decidieron que continuara la investigación de los hechos (cinco mujeres y 20 hombres), aunque uno de ellos se desistió posteriormente.
Además, en 101 no existieron los domicilios que las personas aportaron cuando fueron detenidas y 33 personas que fueron consignadas, al salir de prisión ya no residían en los domicilios indicados.
Se entrevistó también a 52 agraviados, de los cuales 27 señalaron haber sido víctimas de tortura, pero ante el temor de represalias optaron por no continuar con la indagatoria.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al fiscal general de esa entidad, Jesús Figueroa Ortega, se repare integralmente el daño a quienes resultaron afectados con base en el Artículo 88 de la Ley General de Víctimas.