La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por la desaparición forzada de tres colombianos y la ejecución arbitraria de una más de la misma nacionalidad en 2017, en Quintana Roo.
La Recomendación 56VG/2022 está dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Karla Quintana Osuna; al fiscal general del estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, y a la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
La CNDH denunció que se violaron los derechos humanos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad, por la desaparición forzada de las cuatro víctimas; a la vida por la ejecución arbitraria de una de ellas, así como al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de las familias de las víctimas.
El 18 de diciembre de 2017, cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Los funcionarios exigieron a sus familiares sumas de dinero para liberarlas, quienes entregaron la cantidad acordada.
El 21 de diciembre de ese mismo año, fue encontrado el cuerpo de una víctima sin vida, mientras que las otras no fueron liberadas, desconociéndose su paradero hasta esta fecha.
De acuerdo con la CNDH, el personal de la Secretaría se ha negado a aceptar la detención y ocultamiento de las víctimas. Denunció que los servidores públicos realizaron faltas de seguridad y negaron los derechos humanos de las víctimas. Además, la Fiscalía General del Estado(FGE) omitió acciones en la investigación.
Por lo tanto, la CNDH solicitó al fiscal Gertz Manero que, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se reparen los daños, incluyendo una compensación “justa y suficiente”debido a la “irregular integración de la carpeta de investigación”.
Asimismo, que se inscriba a los afectados en el Registro Nacional de Víctimas y se les otorgue atención médica y psicológica.
Además, se deberá tomar en cuenta la recomendación en la investigación del caso e incluir los datos de geolocalización de las líneas telefónicas, con el fin de encontrar alas víctimas.
A la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas se recomendó que, en coordinación con la FGR y la CEAV, se brinde la reparación integral y colabore con el seguimiento de la denuncia ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación. Además, que se elabore un plan de prospección para que se proceda con la búsqueda de las víctimas.
Al titular de la FGE de Quintana Roo y a la presidenta municipal de Benito Juárez se les solicitó que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVE-QROO), brinden la reparación del daño y colaboren en el trámite de la denuncia penal ante la Vice Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado.
Además, se debe ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas directas, la cual deberá ser otorgada por una persona servidora pública de alto nivel.
De acuerdo con el informe que realizó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU tras su visita a México, hay más de 95 mil personas desaparecidas en el país; 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
Hasta noviembre del año pasado, solo entre el 2%y el 6% de los casos, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
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