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CNDH emite una recomendación por desplazamiento forzado en Chihuahua

CNDH emite una recomendación por desplazamiento forzado en Chihuahua

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Chihuahua por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada durante los años 2015, 2016 y 2019.

La Comisión documentó que las víctimas pertenecían a tres familias: dos de ellas vivían en el municipio de Uruachi, y la tercera en la comunidad Monterde, del municipio de Guazapares. Todas ellas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades ante la omisión de autoridades estatales para brindarles protección y seguridad. 

“Además, durante ese periodo se registraron despojos, daños y robos en posesiones y propiedades de diversos integrantes de esos grupos familiares, entre los que se constató la presencia de 45 mujeres además de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”, enuncia la recomendación.

De acuerdo con la CNDH, las autoridades municipales y estatales tenían conocimiento de la violencia que imperaba en esa zona, pero omitieron poner en práctica medidas para prevenir homicidios, lesiones y daños a las víctimas.

El organismo autónomo documentó otros factores como la falta de acciones de las autoridades para satisfacer las necesidades que padecen algunas personas en materia laboral y que, a pesar de los apoyos para el pago de rentas en algunas viviendas, dichos inmuebles han resultado insuficientes y subsisten en condiciones de hacinamiento. 

También se determinó que, por acciones y omisiones de las autoridades, personas menores de edad, se han visto obligadas a vivir “en condiciones que resultan inadecuadas para su desarrollo, y las autoridades estatales no aportaron evidencias para comprobar que se atiendan sus requerimientos de educación y sano esparcimiento”.

El documento fue dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, así como al fiscal general del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, y a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Uruachi y Guazapares.


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