Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron de forma tajante las conclusiones de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el Caso Iguala y acusaron a ese organismo gubernamental de realizar “una defensa a ultranza del Ejército mexicano, exculpando a las fuerzas armadas de todas las acusaciones en su contra” por el secuestro y desaparición forzada de los jóvenes que se registraron los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
A la indignación de los familiares de los 43, se sumó la condenasde Amnistía Internacional por el ataque de la CNDH al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que presentó seis informes sobre el caso y el respaldo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al propio GIEI y a los padres y madres de los 43 tras los resultados presentados por el organismo que dirige Rosario Piedra.
Mediante un comunicado, los padres de los 43 también acusaron a la CNDH de atacar a sus representantes legales y de defender a los perpetradores de la agresión contra los estudiantes normalistas ocurrida hace 12 años, lo que equivale a una revictimización de los normalistas de Ayotzinapa y sus familias.
Para los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la CNDH no presentó ninguna prueba que permitiera desestimar los seis informes del GIEI, se atacó a todas las organizaciones mexicanas que los han representado legalmente y denunciaron que la Comisión copió la narrativa del poder presidencial para no dar una respuesta a sus exigencias de justicia.
Por su parte, Amnistía Internacional expresó su “más profunda preocupación” por la actuación de la CNDH en el caso Ayotzinapa y acusó al organismo de querer deslegitimar “el trabajo de la GIEI y de las organizaciones de la sociedad civil” que han acompañado la lucha de los padres desde hace 12 años.
Para Amnistía la existencia de al menos 17 elementos militares que han sido vinculados a proceso. La organización consideró alarmante el deslinde de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según Amnistía, la resolución debilita los estándares de protección de los derechos humanos en México.
En este marco, la ONU-DH México refrendó su compromiso con las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia, hizo un reconocimiento a los aportes y logros que tuvo la asistencia internacional en el Caso Ayotzinapa y respaldó a las organizaciones de la sociedad civil como el Centro ProDH y Tlachinollan que han asesorado a las familias por 12 años.
El defensor de derechos humanos Santiago Corcuera se sumó a las condenas y emitió un pronunciamiento para solicitar a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) que revise el estatus de la CNDH como organismo autónomo que defiende los derechos humanos.
Dicha alianza cuenta con más de 110 instituciones de derechos humanos y era la instancia que se coordinaba con la CNDH para actividades internacionales, pero Corcuera advirtió que la última recomendación sobre el Caso Ayotzinapa además de “ser deplorable,” evidencia “una absoluta falta de independencia de la institución frente al gobierno mexicano y las fuerzas armadas.