Luego de que la revista Proceso publicara que, de acuerdo con documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instruyó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ignorara una queja interpuesta por el comité de madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, la CNDH negó que esto haya sucedido.
“No se reciben, ni mucho menos se acatan, ‘órdenes’ ni ‘instrucciones’ de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal, o internacional”, afirmó la Comisión a través de un comunicado difundido el domingo.
La CNDH afirmó que el resultado de sus investigaciones “se basa única y exclusivamente en evidencias”, y agregó que “en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna, sin excepción”.
Contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite, en ningún momento ha sido cerrado.
La Comisión precisó que cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, atendió la petición de las madres, padres y familiares de los normalistas, pero también se atendieron las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
También afirmó que se han indagado “los nuevos hechos y elementos del caso en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad, y es en razón de ello que este Organismo Nacional Autónomo continuará con la investigación del expediente citado”.
“En lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tenemos el deber de observar la ley, sino que mantenemos un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no hemos de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia y por lo mismo, rechazamos cualquier insinuación que nos coloque en contradicción con este compromiso que va más allá de la ley”, concluyó la Comisión.
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