La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el domingo haber exonerado al Ejército en su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa y sostuvo que las críticas al documento carecen de argumentos y pruebas que contradigan sus conclusiones. El organismo afirmó que su actuación se limitó a sus facultades constitucionales y que la Recomendación 208VG/2026 no sustituye las investigaciones ministeriales ni las resoluciones judiciales.
En un pronunciamiento titulado Verdades y mentiras de la Recomendación 208VG/2026, la CNDH respondió a los cuestionamientos surgidos tras la publicación del documento, el pasado 2 de julio, y aseguró que se ha emprendido “una nueva campaña para desacreditar el trabajo” del organismo en torno al caso Ayotzinapa. Añadió que “ni una sola de las críticas a la Recomendación 208VG/2026 se ha hecho con argumentos y mucho menos con pruebas que contradigan sus conclusiones”.
Uno de los principales señalamientos respondidos por la comisión fue que la recomendación habría servido para exonerar o blindar al Ejército mexicano.
Al respecto, sostuvo que esa afirmación es falsa porque “la CNDH no exonera ni defiende a nadie, eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, al Ministerio Público”. Agregó que el objetivo central del documento fue “reivindicar las razones y la lucha de las víctimas, y aportar a la verdad”, mediante una investigación cuyos resultados, afirmó, fueron presentados “con toda la transparencia y amplitud”.
Asimismo, argumentó que la actuación del 27 Batallón de Infantería y de los militares actualmente sujetos a proceso ya había sido abordada en la Recomendación 15VG/2018, por lo que “no era legal volver a recomendar a la DEFENSA por hechos que no solamente se enunciaron hace 8 años, sino que son objeto de investigación jurisdiccional”.
Foto: Archivo Cuartoscuro
No obstante, destacó que en la nueva recomendación se pidió a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República generar un plan para agotar las líneas de investigación pendientes, incluidas las relacionadas con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La CNDH también afirmó que el proyecto de la recomendación se inició “a partir del imperativo de investigar la responsabilidad institucional del Ejército”, incluso bajo el supuesto de que “era el verdadero responsable de los hechos”. Sin embargo, sostuvo que la investigación no encontró elementos para acreditar un plan institucional de exterminio contra los estudiantes normalistas y reiteró que la recomendación no absuelve ni condena a persona alguna, ya que esas determinaciones corresponden al ámbito jurisdiccional.
En ese sentido, indicó que la recomendación documenta los procesos penales abiertos contra integrantes del Ejército y da seguimiento a las investigaciones derivadas de la recomendación emitida en 2018. Añadió que lo encontrado respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, “si hubiera algo que acreditar al respecto se refiere a conductas individuales, en modo alguno derivadas de insuficiencias normativas o de procedimientos que involucren a la institución Ejército mexicano”. También señaló que actualmente existen tres causas penales abiertas contra militares relacionadas con el caso, cuyo desahogo deberá permitir “llegar a la verdad jurídica definitiva”.
La comisión negó que la recomendación sea ilegal o requiriera la aprobación del Consejo Consultivo, al sostener que el Reglamento Interno no establece ese requisito para las recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, aseguró que el procedimiento de elaboración, revisión, aprobación y publicación se realizó conforme a la normativa vigente.
También rechazó que hubiera reabierto un expediente previamente concluido y explicó que la Recomendación 208VG/2026 deriva de una nueva queja presentada el 24 de junio de 2021 por madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Frente a quienes intentan sembrar dudas, la CNDH responde con investigaciones, evidencia y compromiso con las víctimas. La verdad no debe quedar subordinada a intereses ni narrativas; debe servir a la justicia y a la memoria.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/FPA2rAmzY1
— CNDH en México (@CNDH) July 26, 2026
El pasado 10 de julio, Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó en entrevista con Aristegui Noticias que el documento está “lleno de vacíos, de imprecisiones y de mentiras”, además de contener contradicciones internas y acusaciones infundadas contra la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), periodistas y los propios expertos internacionales que participaron en la investigación del caso.
La exministra de Justicia de Colombia sostuvo que la recomendación representa un cambio de postura respecto de los pronunciamientos previos de la propia CNDH sobre Ayotzinapa y cuestionó que descalifique el trabajo del GIEI mediante expresiones como “Anti-Verdad Histórica”. “Utilizar calificativos como ‘Anti-Verdad’ necesita que demuestre que efectivamente esos hechos no sucedieron”, afirmó. Agregó que “no porque abunden las páginas se tenga la razón” y pidió que el organismo explique “por qué lo están haciendo ahorita, a los 11 años de los hechos de los muchachos”.
También expresó que le resulta “desconcertante” que la recomendación descalifique “a las organizaciones que han acompañado a las familias de manera injustificada y diciendo cosas que no son ciertas”. Añadió que la CNDH “debe velar por los Derechos, no enfrascarse en calificativos”, y sostuvo que el organismo ha dejado de priorizar su función de proteger los derechos humanos.
Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros afirmó que la CNDH enfrenta una “captura militar y política” y sostuvo que el documento “le lava la cara al Ejército”, además de pedir la salida de Rosario Piedra Ibarra de la presidencia del organismo.
La directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, señaló que la recomendación exonera al Ejército de responsabilidades previamente investigadas, retoma información proporcionada por las Fuerzas Armadas para descartar su participación y cuestiona el trabajo realizado por el GIEI, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y organizaciones de derechos humanos. La defensora sostuvo además que el documento refleja una pérdida de autonomía de la CNDH como contrapeso institucional.
En respuesta a esos señalamientos, la CNDH concluyó que “miente quien dice que es el Ejército el beneficiario de esta Recomendación, son las víctimas”, e insistió en que la investigación fue elaborada con base en información oficial, testimonios y documentos obtenidos conforme a sus atribuciones legales.