La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para frenar la expresión más extrema e irreversible de las violencias institucionales cometidas contras las mujeres: el feminicidio.
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión, explicó que las violencias se manifiestan en la falta de la debida diligencia, el acceso a la justicia, la invisibilización y criminalización del dicho de las víctimas y otras formas que conllevan a una impunidad reiterada.
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La titular de la CNDH expresó su preocupación por los 10 mil 395 casos de mujeres asesinadas en México, registrados entre enero de 2019 y el 30 de septiembre del año en curso.
También alertó que durante los primeros nueve meses del 2021, se contabilizaron 736 feminicidios y dos mil 104 homicidios dolosos de mujeres, lo que promedia 10.5 mujeres asesinadas al día en México; mientras que, según información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, las principales formas de violencia que sufren son:
Violencia psicológica: 38%;
Violencia sexual: 29.7%;
Violencia física: 26.3%;
Abandono o negligencia: 4.5%; y,
Violencia económica: 1.6%.
Ante este escenario la CNDH presentó un proyecto para identificar obstáculos que les impiden a las mujeres acceder a una vida libre de violencia.
Durante la presentación de la iniciativa, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que “la violencia contra las mujeres es un flagelo mundial, presente en los espacios públicos y privados”.
Bachelet citó un estudio de la Organización Mundial de la Salud que reveló que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento; mientras que de acuerdo a encuestas oficiales de México, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay, hasta tres de cada cuatro niñas y mujeres han experimentado algún episodio violento.
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Detalló que las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia de Covid-19 agravaron la situación de la violencia doméstica, lo que dificulta a las víctimas acceder a servicios de atención y justicia.
En el caso específico de México, la Oficina que encabeza ha brindado asistencia psicosocial a personas defensoras de derechos humanos que trabajan en primera línea de atención a casos de agresiones contra niñas y mujeres, e hizo un llamado a consolidar el Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas, anunciado por el gobierno de México.
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