La industria de la automoción se encuentra inmersa en uno de los mayores retos de toda su historia: la transición hacia la movilidad cero emisiones. En la Unión Europea (UE), no podrán adquirirse nuevos vehículos que emitan dióxido de carbono (CO₂) –los tradicionales de gasolina y diésel– a partir de 2040, ya que el objetivo de las autoridades europeas es alcanzar en 2050 la neutralidad climática. Es decir, emitir la misma cantidad de CO₂ a la atmósfera que la que se retira.
Esta medida está en línea con el deseo de Naciones Unidas, que ha solicitado a los fabricantes que dejen de producir motores de combustión antes de 20 años. En este nuevo contexto marcado por una forma de desplazarse más eficiente y respetuosa con el planeta, una de las alternativas pasa por el impulso de los vehículos eléctricos, cuyos motores no emiten ni CO₂ ni óxidos de nitrógeno.
La hoja de ruta planteada por el Gobierno español es ambiciosa. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que articula los fondos del programa Fondo Next Generation EU, prevé que en 2023 circulen 250.000 nuevos vehículos eléctricos, que evitarán la emisión de casi 470.000 toneladas de CO₂. Según estas previsiones, en 2030 el 55% de los coches que se vendan en concesionarios serán cero emisiones (para entonces circularán cinco millones de automóviles eléctricos), y cinco años después, en 2035, solo se venderán vehículos eléctricos y de energías alternativas a la gasolina y el diésel.
Otro de los objetivos incluidos en el PRTR es multiplicar por diez el número de puntos de recarga en los próximos dos años (pasar de los 12.702 puntos actuales a entre 80.000 y 110.000 en 2023). Para alcanzar estos hitos y avanzar hacia el desarrollo de los coches propulsados por electricidad, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) se ha involucrado en distintas iniciativas encaminadas a acelerar la venta de estos automóviles.
España necesita avanzar en el despliegue de puntos de carga eléctrica. Actualmente, solo hay 245 por cada millón de habitantes.Getty Images / iStock
Lo cierto es que, a día de hoy, la penetración de estos vehículos en España es relativamente baja. De enero a noviembre de 2021 se han vendido un total de 20.183 vehículos eléctricos de batería en nuestro país y otros 38.402 híbridos enchufables, según datos de ANFAC, lo que supone un crecimiento del 92% respecto al mismo periodo de 2020. Sin embargo, su cuota de mercado no llega al 8%. En solo diez años, ese porcentaje debe alcanzar el 40%, según las proyecciones planeadas por el Ejecutivo y el sector.
A la cola de Europa
Pese a que han aumentado su popularidad y cada vez convencen a más usuarios, España obtiene en este barómetro una valoración de 41,3 puntos sobre 100 en el indicador de penetración de estos coches. La cifra nos sitúa en los últimos puestos del ranking europeo, a mucha distancia de países como Noruega, Países Bajos o Alemania.
El lento avance de las infraestructuras de recarga es uno de los motivos que explica esta posición tan baja. En el Barómetro de Electromovilidad, España ocupa el furgón de cola en este apartado –solo por delante de Hungría–, diez puntos por debajo de la media de la UE. Otro dato revelador: si en Europa hay 573 puntos de recarga por cada millón de habitantes, en España esta cifra desciende hasta 245. Una cifra que demuestra que queda mucho margen de mejora.
De ahí que ANFAC haya presentado un documento con 16 medidas para avanzar en el despliegue de 340.000 puntos públicos de recarga eléctrica en 2030. De esta manera, podrá abastecer al futuro parque de cinco millones de vehículos electrificados, tal y como se establece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de Cambio Climático.
En el Barómetro de Electromovilidad, España ocupa los últimos puestos: se sitúa diez puntos por debajo de la media de la UE, solo por delante de Hungría
Estos nuevos puntos, insisten desde esta asociación, deben venir acompañados de una red de suficiente calidad con potencias superiores a 150 kilovatios (kW). En la actualidad, solo hay 89 puntos de recarga de estas características en nuestro país (el 0,7% de la red pública).
Para lograrlo, ANFAC propone desde medidas de carácter institucional a otras encaminadas a eliminar las barreras regulatorias, así como incentivos económicos y fiscales, y propuestas de liberalización y protección a los consumidores. Algunas de estas iniciativas pasan por reconocer como interés estratégico el despliegue de infraestructuras de recarga de alta potencia (más de 250 kW), incentivar su instalación en autopistas, autovías y aparcamientos de edificios, y facilitar ayudas directas en forma de subvención, entre otras. La actual infraestructura de puntos de recarga es escasa y está mal distribuida a lo largo del territorio nacional. Además, su potencia es insuficiente, ya que el 83% son de carga lenta, igual o inferior a 22kW.
Puntos de recarga por toda España
Para solventar este problema y fomentar la demanda, ANFAC ha elaborado un mapa de infraestructuras de recarga de alta potencia a nivel nacional y por comunidades autónomas, situadas en las principales carreteras del Estado –para cubrir así las necesidades de vehículos ligeros y pesados–. En el mapa se proponen los puntos de recarga de acceso público mínimos que hay que instalar en cada provincia y corredor de transporte.
Las iniciativas planteadas por la asociación no han caído en saco roto, ya que el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un órgano de gobernanza que supervise, gestione y coordine este despliegue de puntos de recarga en España, incluidos en la propuesta de ANFAC. Además, el Ejecutivo ha anunciado 50 millones de euros en ayudas para la compra de coches eléctricos destinados a empresas de grandes flotas. La sustitución de 11.500 vehículos comerciales de combustión por otros híbridos o eléctricos permitirá ahorrar 30 toneladas de CO₂ al año, 21 millones de litros anuales de combustible y hasta 27 millones de euros en gasto en gasolina o diésel.
Estas ayudas se suman a las del Plan Moves III, dotado con 400 millones de euros hasta 2023 –que ofrece entre 2.500 euros y 9.000 euros para la adquisición de todos estos vehículos alternativos y hasta el 80% de la instalación de puntos de recarga–, y a las del Moves Singulares II, dotado con 100 millones de euros y que tiene como fin impulsar proyectos relacionados con el coche eléctrico y de pila de combustible. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto con medidas relativas a la energía que incluye algunas para el impulso a los puntos de recarga de vehículos eléctricos, tales como simplificación administrativa para su instalación, bonificaciones fiscales y obligaciones de instalación en parkings determinados para 2023.
La Comisión Europea, además, acaba de aprobar los primeros 3.000 millones de euros en ayudas públicas destinadas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado. El Gobierno prevé que este proyecto reciba hasta 24.000 millones de euros entre subvenciones públicas e inversión privada. Esta inyección de fondos podría disparar el peso del sector de la automoción al 15% del PIB en 2030.
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