Cofece: acuerdo de AMLO para obras podría generar riesgos en competencia

Cofece: acuerdo de AMLO para obras podría generar riesgos en competencia

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advierte que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que “declara de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno federal, podría generar riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.

La Cofece advirtió que el acuerdo presidencial podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos.

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La Comisión destaca el hecho de que, conforme al acuerdo, un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación. 

“En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, afirmó la Cofece.

Este martes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó la publicación del acuerdo del presidente López Obrador, al considerar que evade diversas normas constitucionales y legales que tienen como objetivo “proteger los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos”, entre otros.

“Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, señaló el CCE.

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El Consejo denunció que el acuerdo presidencial declara de seguridad nacional proyectos de infraestructura prioritarios y/o estratégicos, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva dicho régimen excepcional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen.

“La Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”, expone el documento.


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