La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presumido este viernes de haber alcanzado un “máximo histórico” en la construcción de vivienda pública. El Ayuntamiento ha explicado que está levantando, o a punto de hacerlo, 2.329 pisos sociales, el 80% de alquiler, en 34 edificios, que estarán acabados en 2024. El ejecutivo, sin embargo, no aclara cuántos ha construido hasta la fecha. En 2016, los comunes aseguraron que construirían (desde el propio Ayuntamiento) mil pisos al año, más de 8.800 hasta 2025.
El acto de este viernes, en el que la alcaldesa ha colocado la primera piedra de un edificio de vivienda pública en el barrio de la Marina de la Zona Franca, el gobierno ha buscado exhibir músculo en su estrategia de aumentar el parque de pisos asequibles. Colau ha asegurado que las promociones en marcha significan “el 30% de todo el parque público que había en 2015 y entre tres y cuatro veces más que en los últimos mandatos”. “Nunca como ahora había habido un impulso de obras tan importante”, con 316 millones de euros de inversión que suponen, ha afirmado, 3.300 empleos. Colau ha exigido además a la Generalitat y el gobierno del Estado “que acompañen este esfuerzo y se pongan las pilas”. Sobre el Govern, en concreto, ha señalado que está construyendo “treinta pisos” en la ciudad.
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La alcaldesa y la concejal de Vivienda, Lucía Martín, han subrayado que el 80% de los pisos que impulsa el consistorio son de alquiler, a diferencia del pasado, cuando eran de venta y se descalificaban a los 25 años, de manera que la inversión pública se perdía y se incorporaban al mercado libre.
Con todo, las cifras de promoción pública están lejos de las promesa lanzada en 2016, cuando al presentar su plan de vivienda a diez años vista el ejecutivo aseguraba: “La maquinaria municipal acelera el ritmo de construcción de nuevos edificios de alquiler social, para pasar de la producción de 200 nuevos pisos, a mil cada año”. Unas cifras de promoción pública, entorno a mil pisos al año, que sí se alcanzaron en el pasado, con alcaldes socialistas. Tiempos en que, eso sí, las viviendas públicas que se promovía la administración eran de venta.
El esfuerzo de los comunes desde 2015 es inédito en mucho tiempo, pero preparar el suelo, licitar proyectos y dar licencias ha costado años. Martín ha explicado que el suelo municipal disponible da para 6.100 viviendas, para cuya construcción cuentan también, detallar cuántas cada uno, con cooperativas, fundaciones o privados con el futuro operador mixto. Colau siempre recuerda además, y es cierto, que las competencias en materia de vivienda son de la Generalitat.
Además de la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y el del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, en la convocatoria han participado la decana del Colegio de Arquitectos, Assumpció Puig (que se ha referido en lo que se tarda en programar suelo), el presidente del Gremio de Constructores de Obras, Josep Gassiot y entidades vecinales. El IMHAB (siglas en catalán del Instituto Municipal de Vivienda) fue en 2020 la segunda administración que más obra pública licitó en Cataluña, ha señalado Martín, citando a la Cámara Oficial de Contratistas de Obras.
La alcaldesa mantiene que en dos mandatos se doblará la vivienda social respecto a la que había en 2015. “Con la construcción, sumada al resto de políticas de vivienda, estamos cerca de 10.000 pisos promovidos por el Ayuntamiento de Barcelona, la vivienda debe ser un derecho fundamental, porque sin derecho a la vivienda no hay derecho a la ciudad”, ha remachado. Martín, a su turno, ha asegurado que en 2023 el gobierno “estará cerca de haber doblado la vivienda pública que gestiona el Ayuntamiento”, con 12.000 pisos, frente a los 7.500 que había, dice, en 2015. En el Plan de Vivienda 2016-2025 cifraba el parque asequible en 18.445 pisos.
La previsión de 12.000, incluye otras fórmulas, más allá de la construcción municipal: la compra de pisos (900 ha dicho la alcaldesa), convenios con entidades, o con grandes tenedores, cesiones de vecinos, promociones de cooperativas… El consistorio también cuenta con los pisos que haga el Operador Metropolitano, que todavía no tiene socio privado, aunque Colau ha dicho que “ya está en marcha”.
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