El colectivo Pena Sin Culpa, la defensa legal y uno de los protagonistas del caso García Rodríguez y Reyes Alpízar vs. México, denunciaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene una actitud de “desdén” y “selectividad” en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en enero de 2023 ordenó al Estado mexicano una serie de reparaciones vinculantes relacionadas con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Simón Hernández León, abogado del caso y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, afirmó que la Suprema Corte no ha discutido el expediente sobre el cumplimiento de sentencia internacional, que permanece pendiente desde hace casi tres años.
“Es un expediente que tiene casi tres años en la Suprema Corte y no se ha discutido el alcance de la condena de la Corte Interamericana”, señaló.
La Corte IDH determinó que México debía inaplicar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, reparar integralmente a las víctimas, ajustar su legislación y difundir la sentencia; sin embargo, de acuerdo con Hernández León, las instituciones del Estado han decidido ignorar dichas obligaciones.
“El Congreso, el Poder Ejecutivo, distintas secretarías, la SEDENA, la Cancillería han sostenido que no se debe cumplir esta sentencia, y lo mismo ha hecho la CNDH”, sostuvo el abogado.
Dijo que el problema ha llegado al punto en que “parece que hay un criterio selectivo, si es un caso mediático se atiende, pero en otros casos no sabemos cuál es el elemento para valorar recibir o no a una persona”.
El defensor subrayó que en México más de 43 mil personas permanecen en prisión sin sentencia por la aplicación automática de medidas cautelares obligatorias.
Aseguró que la discusión urgente debe girar en torno a escuchar a quienes enfrentan esta situación.
Lo que solicitamos es que se convoque a familias y personas privadas de la libertad, que las y los ministros escuchen a las víctimas, a universidades, colegios de abogados y organismos internacionales.
El caso surgió tras la detención de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, acusados del homicidio de la regidora de Atizapán María de los Ángeles Tamés en 2001.
Ambos pasaron más de 17 años en prisión preventiva; la Corte IDH documentó tortura contra Alpízar y malos tratos contra García, además del uso indebido del arraigo y de la prisión preventiva automática.
Por su parte, Daniel García Rodríguez, quien continúa en proceso, denunció que la SCJN los convocó a una reunión que finalmente no se realizó.
Acudimos a las ocho de la mañana y resulta que a donde nos envían, la oficina que tendría que recibirnos, pues no llega nadie. Estuvimos más de una hora en espera y no nos quedó otra alternativa más que retirarnos.
Calificó el hecho como una muestra “del desdén, de la desorganización quizá, pero sobre todo de la nula atención” de la Corte hacia el caso, a pesar de que involucra violaciones graves a derechos fundamentales evaluadas por organismos internacionales.
Es muy importante hacer ver a estos políticos, a los señores ministros, la gravedad que tiene esta aplicación de la prisión preventiva automática.
García insistió en que esta figura deterioró profundamente el sistema de justicia penal: “Convertió a los ministerios públicos en jueces… cualquier policía o ministerio público le basta con la simple imputación para que un ciudadano vaya a parar a la cárcel por meses o años sin mediación de un tribunal”.
Cuestionamientos a ministras y posibles impedimentos
El abogado Hernández explicó que el caso enfrenta también retos procesales dentro del máximo tribunal y señaló que la ministra Estela Ríos González concentra el expediente de cumplimiento de sentencia internacional, pese a que en 2022, siendo consejera jurídica de la Presidencia, impulsó públicamente la permanencia de la prisión preventiva oficiosa.
“Lo que advertimos es que la ministra no debería proyectar ni participar en la discusión porque ya tiene una posición adoptada a favor de la prisión preventiva oficiosa” y por ello, se presentó un impedimento que aún no se resuelve, precisó el abogado.
Una situación similar ocurre con la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien debe resolver el amparo directo de García Rodríguez.
Según Hernández, la ministra hizo declaraciones públicas en la Feria Internacional del Libro, en las que afirmó que los acusados eran responsables de un feminicidio.
“Son palabras de la ministra: ‘pobrecitos angelitos’, eso es un elemento absoluto de pérdida de objetividad y de imparcialidad”, señaló.
La solicitud de excusa fue desechada, pero se presentó una reclamación ante el ministro Arístides Guerrero, pendiente de resolución.
García afirmó que su reclamo también apunta a ese tipo de pronunciamientos.
“Debe reconocerse lo ya evaluado por la Corte Interamericana, hubo manifestaciones de escándalo no solo en esa sede, sino también en Ginebra, en el Comité sobre Detención Arbitraria y sobre Tortura”.
El caso, dijo Daniel García, no solo refleja violaciones personales, sino un problema a nivel nacional.
La simple acusación basta para que un ciudadano vaya a la cárcel es una herramienta de extorsión en cualquier barandilla de México.
Aseguró que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa fueron utilizados históricamente con fines políticos, y recordó que su caso surgió en un contexto de aspiraciones presidenciales del exgobernador Arturo Montiel.
Tras casi 23 años desde su detención, García confió en que la SCJN escuche finalmente sus argumentos.
“Estamos muy confiados de que se nos haga justicia por fin, esa es la intención”.
Finalmente, el abogado Hernández concluyó que el Poder Judicial sigue sin dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH.
“Si nuestra Constitución viola derechos humanos, ya nos lo dijo un tribunal internacional, ¿qué debe hacer el Poder Judicial? Lo único que pedimos es que escuchen los argumentos, y sobre todo a las personas que han sido víctimas”.