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Collado-Odebrecht, unidos por la misma intermediaria para mover dinero sucio

En la red de empresas tejida por el abogado Juan Collado Mocelo para ocultar una fortuna en millones de euros en Andorra se usó el mismo despacho intermediario instalado en Panamá que empleó la constructora Odebrecht para enviar sobornos a un ejecutivo y legisladores en Brasil, así como al primer círculo de un expresidente peruano y a los hijos de un exmandatario panameño.

El periodista Daniel Lizárraga -quien colaboró en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto- publicó un reportaje en su nuevo blog “Alebrijes y Papirolas” en el que revela que el abogado Juan Collado y la empresa brasileña Odebrecht recurrieron a una firma panameña para enviar sobornos a un ejecutivo y legisladores en Brasil.

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Juan Collado Mocelo cobraba en dólares y por hora, al igual que la élite de abogados en México. Lo sorprendente -incluso para su gremio- es que amasara una fortuna 76.5 millones de euros oculta en Andorra.

La telaraña tejida por él iba a ras de piso, invisible para tres gobiernos federales y se extendió a seis países. Para desanudar sus vínculos hay que meterse en las entrañas de por lo menos 22 empresas y 18 cuentas bancarias, de acuerdo con documentos públicos analizados durante seis meses.

En esta primera de dos entregas, se presenta la bifurcación de la red Collado hacia la constructora brasileña que logró corromper a 12 países de nuestro continente y a dos de África para obtener contratos ilegalmente.

Se trata de la firma panameña llamada Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) que ganó notoriedad como la creadora de empresas de papel utilizadas por Odebrecht para repartir sobornos a personajes de la talla del exmandatario peruano Alejandro Toledo, a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, así como un ejecutivo de alto nivel en Petrobras y decenas de legisladores en el mismo Brasil.

En agosto del 2019, la Fiscalía de Andorra envió a la Fiscalía General de la República de México una carta rogatoria (exp 9000035/2019) para que remitieran los documentos y los movimientos financieros que pudo tener en México la compañía Centurión Consultores Económicos, registrada por el referido bufete de abogados en la capital panameña.

En la petición -de la que se obtuvo una copia- se detalla que la compañía está vinculada a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Lucía Collado Mocelo y de Mario Andrade Manzanares, aunque el beneficiario es Juan Collado Mocelo.

Ella es hermana del litigante y él ha sido socio del abogado en la constructora Eje Bosque Real y en la inmobiliaria Sueños Dorados, de acuerdo con los registros públicos de en la ciudad de México y en Acapulco, Guerrero, consultados para este reportaje.

En la cuenta a nombre de Lucía Collado y Mario Andrade hay movimientos que la Fiscalía de Andorra clasificó como sospechosos e injustificables. Uno de ellos, corresponde a una transferencia por 276 mil dólares triangulada a través de México, Panamá y Andorra.

Cuando las autoridades de ese Principado preguntaron a los dueños de la cuenta por el origen de los recursos, obtuvieron la siguiente respuesta:

“En la cuenta de BPA de la persona jurídica CENTURION CONSULTORES ECONÓMICOS S.A (Panamá) traspasa 272.480 USD el 31/01/2013 a la cuenta de Mario Andrade Manzana y Lucía Collado, aportando como justificante un contrato de préstamo sin intereses firmado en México entre Mario Andrade y el sr. Mason, empleado de la BPA, circunstancia algo singular”, escribieron en la carta rogatoria.

En esa cuenta llegaron a tener 1 millón 751 mil 81 dólares. Este dinero forma parte de los 76.5 millones de euros congelados en ese Principado a Juan Collado como lo reveló en octubre del 2019 el diario El País.

Pero en la carta rogatoria existen fechas, nombres de empresas y personas bajo investigaciones que llevan hacia un sitio oscuro, que no ha sido el dominio público incluso para las propias autoridades, de acuerdo con esta investigación periodística.

El registro oficial de Centurión Consultores Económicos S.A corrió a cargo de la firma de abogados llamada Alemán, Cordero, Galindo & Lee. La empresa -en el papel- se ha dedicado a las inversiones, a la venta de artículos de consumo, a los bienes raíces y a los préstamos, según consta en el registro de la propiedad panameño.

Los directores han sido Edgardo E. Díaz y Fernando Gil. En Open Corporates (un sitio web especializado en rastrear compañías) ambos aparecieron como representantes de otras 41 mil 768 offshore. Todas en Panamá.

Ambos “directivos” inscribieron como sus domicilios la calle East 53, Street Marbela. Torre MMG Bulding, segundo piso. Se trata de la misma dirección de la firma de abogados, Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Esta firma, ha respaldado la llegada a Panamá de otras 693 firmas, de acuerdo con los datos abiertos en Open Corporates.

Uno de los socios del bufete ha sido Jaime Alemán -su apellido es el primero en el nombre del bufete-. Él es hermano Álvaro Alemán, quien fue ministro de la presidencia durante el gobierno del exmandatario panameño Juan Carlos Varela (2014-2019).

El abogado mexicano Juan Collado dejó de litigar desde hace años. Algunos de sus colegas estiman que fue durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y otros afirman que fue con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Lo inequívoco fue su transformación en un operador financiero capaz de diseñar un complejo enramado de empresas fantasma.

En Brasil, el caso Odebrecht condujo a las autoridades hasta el despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee desde febrero del 2015 -hace seis años- cuando el ex gerente de Servicios de Petrobras, Pedro Barusco, se convirtió en delator.

Primero, ante las autoridades y luego ante la Cámara de Diputados en una transmisión en vivo por televisión, él confesó que recibió sobornos entre 150 y 200 millones de dólares por parte de Odebrecht a cambio de contratos.

Su cómplice fue Mario Goes, un empresario. Ambos firmaban contratos de servicios entre Petrobras y la empresa Riomarie pero todos eran ficticios. No había compras ni servicios.

Los papeles servían para ocultar los sobornos de Odebrecht que llegarían a manos de Pedro Berusco – el ejecutivo de Petrobras-. Pero la maniobra no era nada sencilla. Riomare -propiedad de Mario Goes- trasladaba el dinero hacia empresas de gaveta en paraísos fiscales las cuales fueron administradas por la firma ALGOCAL, la misma de la red Collado.

Las dos empresas de papel, Quinus y Milzart también recibieron fondos depositados por Odebrecht.

Los movimientos para ocultar el dinero tuvieron una ramificación más, esta vez, a un destino más lejano y también difícil de escudriñar: Suiza. Los pagos de Petrobras por contratos falsos y sobornos de Odebrecht se mezclaban en las mismas cuentas abiertas nombre de Quinus Services y Milzart Overseas Golding, abiertas en Panamá, de acuerdo con seguimiento hecho a medios de comunicación brasileños para este reportaje.

En Suiza, las cuentas bancarias eran controladas por una mujer brasileña, Denisse Kos, quien entregaba el dinero en efectivo al empresario cómplice, Mario Goes y a el ejecutivo de Petrobras, Pedro Barusco.

Cuando este último se convirtió en delator del caso Lava Jato confesó que recibió entre 150 y 200 millones de dólares, los cuales se repartieron entre legisladores. Las investigaciones judiciales en Brasil apuntaron contra 12 senadores y 22 diputados.

ALGOCAL es la misma firma que, el 31 de enero del 2013, cobijó la transferencia de 272 mil 480 dólares (alrededor de 3 millones 487 mil 744 pesos, según el tipo de cambio vigente entonces) a la cuenta de Lucía Collado y Mario Andrade a través de la extraterritorial panameña Centurion Consultores Económicos, según consta en la carta rogatoria enviada a las autoridades mexicanas por la fiscalía de Andorra.

Hace unos días, el Gobierno de Chihuahua, México, consiguió una orden de aprehensión en contra de Collado por haber simulado un contrato de prestación de servicios en el año 2013. El dinero proveniente de las arcas públicas locales se dirigió hacia la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con información oficial.

En otro informe confidencial de la policía de Andorra se explica cómo Odebrecht distribuyó 15 millones de dólares en sobornos para conseguir obras públicas en Perú.

Los ejecutivos de la constructora brasileña depositaron en ese dinero en aquel Principado para no ser descubiertos, o al menos eso pretendieron como lo publicó El País el 2 de octubre del 2017. Fueron cuatro compañías las involucradas: Ammatin Investment, Relton Holding, Maxcrane Finance y Randale Investments.

La última de ellas fue creada por el despacho panameño ALGOCAL y está conectada a una cuenta bancaria nombre de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult.

En mayo del 2010 se hizo un depósito por 2.6 millones de dólares. El beneficiario final -de acuerdo con la BPA- era Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, hijo del dueño. Ese dinero se transfirió a Estados Unidos, Bahamas y Alemania, según El País.

Una investigación periodística presentada por Convoca (Perú) puso al descubierto que los sobornos fueron para que Alpha Consult aprobara los avances en la carretera Interoceánica Sur (tramo 2) en la cual también participaron otras constructoras peruanas. Los ejecutivos de Odebrecht confesaron que entregaron 20 millones de dólares por ese proyecto al expresidente Alejandro Toledo.


La cercanía los negocios entre El Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -encargado de distribuir los sobornos en América Latina- con el despacho ALGOCAL también brotaron en Panamá.

Las investigaciones oficiales panameñas han adelantado que la constructora brasileña pagó comisiones entre 2010 y 214, más de 59 millones de dólares para asegurar contratos. El dinero se distribuyó a cambio de obras públicas valoradas en más de 175 millones dólares.

En diciembre de 2016, ejecutivos de Odebrecht habían confesado en Estados Unidos que 59 millones de dólares fueron solo para el gobierno del expresidente Martinelli y, en concreto, 6 millones eran para “un alto funcionario”.

El 21 de noviembre del 2018 fueron detenidos en Miami, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, los hijos del expresidente panameño. A ellos los buscaban desde hacía 2 años por haber recibido sobornos de Odebreht.

Según uno de los delatores brasileños, se hicieron depósitos por 30 millones de dólares a las empresas offshore Pachira y Mengil por órdenes del ex director de Odebrecht en Panamá, André Rabello.

Estas empresas primero fueron creadas en Belice y posteriormente las registraron en Panamá. Los movimientos estuvieron a cargo de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee a petición la Banca Privada de Andorra, de acuerdo con una investigación del diario panameño La Prensa.

Collado era la cara de uno de los bufetes más controvertidos en México por tener entre sus clientes a personajes como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a su hermano Raúl Salinas de Gortari o al líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps amén de representar a gente del mundo del espectáculo. De hecho, se encargaron del acuerdo de divorcio entre Angélica Rivera y Peña Nieto.

La carta rogatoria de la fiscalía andorrana llegó a su homóloga mexicana, encabezada por Alejandro Gertz Manero, entre agosto y septiembre del 2019. Hasta el momento, se desconoce públicamente si en México se han escudriñado los movimientos de ALGOCAL no sólo en relación con la red Collado, sino también al caso Odebrecht.

El caso Odebrecht ha tomado nuevos giros ante la llegada del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En particular, sus primeras declaraciones sobre los sobornos que, presuntamente, fueron destinados a la campaña electoral del expresidente Peña Nieto y a asegurar contratos con Pemex.




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