Un grupo numeroso de ciudadanos y activistas de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, llegó en la tarde de este martes hasta las puertas de la alcaldía local para protestar en contra de la aprobación de la licencia ambiental del primer piloto de fracking en Colombia, que se desarrollará a pocos kilómetros del casco urbano del municipio, ubicado a la orilla del río Magdalena, en el norte del país. El proyecto piloto servirá como un caso de estudio para valorar si se permite o se prohíbe esta técnica en el resto del país, lo que levanta opiniones encontradas entre empresarios, académicos y ambientalistas.
Esta técnica, utilizada con frecuencia en Estados Unidos, Canadá, China y Argentina, consiste en inyectar en el suelo millones de litros de agua a mucha presión y a varios kilómetros de profundidad, con aditivos químicos, arena y aceite, para romper las piedras que albergan los combustibles y así extraerlos a la superficie. La mayoría de habitantes de la región de Puerto Wilches, que viven sobre todo de la pesca y la agricultura, está en desacuerdo con el plan aprobado el pasado viernes por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que da luz verde para desarrollar el proyecto de fracking en un campo llamado Kalé. “El fracking significa muerte”, cantaban los manifestantes durante la protesta, “no vamos a permitir que acaben con el agua de nuestros ríos”.
El proyecto tendrá una extensión aproximada de 4,6 hectáreas en las que se perforarán tres pozos: uno para extraer agua del fondo de la tierra, otro para guardarla y hacerle tratamiento, y el tercero para buscar el petróleo y el gas almacenados en las rocas a más de cinco kilómetros de profundidad. Aún no se sabe con certeza cuántos barriles de petróleo se podrán extraer de este primer piloto.
Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia Libre de Fracking y uno de los impulsores de las protestas, lo resume así: “La ciencia ya ha comprobado que esta técnica tiene muchos riesgos asociados a la cantidad de agua que se utiliza y a la contaminación de las fuentes hídricas subterráneas y superficiales, genera problemas de salud para las comunidades que viven en las zonas donde se desarrollan los proyectos y tiene impactos en la biodiversidad y en los cultivos”, explica el activista medioambiental. Y añade: “Estamos preparando todas las opciones legales y ciudadanas para tumbar estos pilotos y para prohibir del todo el fracking en Colombia”.
El enojo de los ambientalistas de las regiones contrasta con una especie de euforia colectiva que sienten por estos días los empresarios petroleros en las grandes ciudades, satisfechos con la decisión. Francisco Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo, insiste en que la licencia para el piloto de fracturamiento hidráulico es una muy buena noticia para el país. “La autosuficiencia energética es fundamental. Si un país puede tenerla, debe buscarla”, explica el empresario, “basta apreciar la dependencia de Europa del petróleo y del gas ruso. Colombia tiene gas y petróleo en los yacimientos no convencionales y debe, por lo tanto, procurar aprovecharlos”.
Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y consultor del sector petrolero, coincide con Lloreda: “Si el fracking se aprueba en Colombia, se generarían ingresos fiscales de más de 330 billones de pesos en los próximos 25 años, medidos en regalías, impuestos y aportes de la estatal petrolera, Ecopetrol”. Para Vera, que en el pasado fue presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, esta técnica podría cuadriplicar las reservas de petróleo e incrementar hasta ocho veces las reservas de gas de Colombia.
Sin embargo, en medio de las posiciones irreconciliables de los activistas y los industriales, aparecen reflexiones ponderadas de académicos que llevan años estudiando el tema. Manuel Rodríguez, primer ministro de Ambiente de Colombia, profesor emérito de la Universidad de los Andes y director del Foro Nacional Ambiental, explica por teléfono que en principio estos pilotos de investigación de fracking son positivos porque, bien hechos, pueden ser una oportunidad para estudiar el costo/beneficio y decidir si se hace o no fracking comercial en el país.
“Nos parece que, en la práctica, estos proyectos pilotos son una moratoria al fracking y una buena forma de conocer en la realidad los riesgos que podría tener está técnica en los territorios”, explica el profesor. Aunque Rodríguez está de acuerdo con los proyectos piloto, es enfático en reconocer que la aprobación de la licencia de Puerto Wilches se dio en condiciones muy complejas. “A nuestro juicio se debió haber suspendido porque no hubo garantías suficientes para la participación ciudadana en todo el proceso de las consultas que tenía que hacer la autoridad ambiental antes de aprobar el piloto”. La ausencia de estas garantías fue tal, que en las últimas semanas varios líderes de la región recibieron amenazas de muerte e, incluso, uno de ellos tuvo que salir huyendo del país para preservar su vida.
La Alianza Antifracking y el Consejo Municipal del municipio le solicitaron al Gobierno nacional que aplazara la audiencia pública porque consideraban que la comunidad se debía preparar mejor, pero la ANLA no hizo caso a esa petición. “A juicio nuestro eso fue un error muy grave”, dice Rodríguez, “la comunidad lo solicitó y no les hicieron caso, se violó un principio básico de participación ciudadana”.
Sandra Vilardi, doctora en Ecología y Medio Ambiente, está de acuerdo con Rodríguez y con los empresarios petroleros en que los pilotos integrales de investigación sirven para tomar decisiones más informadas sobre la posibilidad de explotación comercial del fracking, pero insiste en algo que a veces no es tan claro para la comunidad: “Esta no es una licencia para empezar a hacer fracking en Colombia, sino para hacer un proyecto investigativo que despeje dudas e incertidumbres”.
Vilardi también concuerda con los ambientalistas en que la licencia no fue lo suficientemente incluyente con las preguntas y las inconformidades de la comunidad local de Puerto Wilches. “Creo que hizo falta mejorar la comunicación y la pedagogía. Hubo diálogo, pero faltó diseñar espacios de escucha para que las personas que están en contra del proyecto pudieran expresar sus miedos de forma legítima y democrática”.
Vilardi y Rodríguez insisten en que, en un país que lleva varios años con las tasas más altas en el mundo de asesinatos de líderes ambientales, era necesario establecer puentes de diálogo con las comunidades y no estigmatización y amenazas. “Esa región de Colombia ha sido escenario de la guerra y del dolor. La gente ha sufrido el abandono del Estado y tiene razones para desconfiar. Por eso, había que aprobar una licencia con el respaldo de las comunidades”, concluye la académica.
El último punto en el que coinciden los investigadores y los ambientalistas es que a la licencia le hace falta el acompañamiento y la asesoría de las universidades. “Necesariamente, tendría que haber unos pares académicos independientes que revisen la información y evalúen los resultados del piloto. Y no los hay”, concluye Rodríguez.
Por ahora, el debate por la aprobación o no del fracking en el país continúa y ha trascendido hasta la carrera por la Presidencia de la República. En todos los debates, la posición de los candidatos frente a este tema es una pregunta obligatoria. Allí también se ven las diferencias. Gustavo Petro, candidato de la izquierda, y Sergio Fajardo, del centro, están en desacuerdo con cualquier intento de fracking y abogan por una transición hacia energías limpias. Federico Gutiérrez, de la derecha, ha dicho en varias ocasiones que en su Gobierno sí impulsaría este método de extracción.
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