La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto marca un hito en la región y sortea la resistencia del Congreso a legislar en esta materia, tras más de media docena de intentos frustrados durante los años ochenta y noventa. Una vez más, es la justicia la que vuelve a ponerse al frente de los derechos de las mujeres y da la razón a las organizaciones feministas, que han encontrado en los magistrados mejores aliados que en los gobernantes. En México, Argentina o Ecuador también fueron los tribunales los que abrieron el camino, aunque no de manera tan rotunda como en Colombia.
La resolución del tribunal llega después de muchos meses de espera para resolver una demanda de la agrupación Causa Justa que pedía la retirada del delito de aborto del Código Penal sin límite de tiempo. La imposibilidad de los jueces para alcanzar una mayoría obligó a acotar la despenalización, que finalmente se sitúa en 24 semanas, con una ajustada votación de cinco contra cuatro. Se trata de un fallo histórico en un país profundamente conservador que también ha ido cambiando de criterio: hoy, ya solo el 20% de la población cree que una mujer deba ir a la cárcel por abortar. El presidente, Iván Duque, comentó la decisión de forma muy crítica y pronosticó, en línea con los sectores más reacios al derecho al aborto, que podría convertirse en una práctica “casi” anticonceptiva, “recurrente y regular”.
La posibilidad de una condena había frenado hasta ahora el acceso al aborto legal y seguro en Colombia, sobre todo entre las mujeres más pobres. En el país se registran miles de abortos clandestinos con consecuencias a menudo letales para muchas mujeres sin recursos. En 2006, la Corte Constitucional despenalizó la interrupción del embarazo solo en tres supuestos: violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer. Pero la coexistencia del delito para las mujeres y para los ejecutores de los abortos (a menudo, también mujeres) empujaba a las embarazadas fuera del cauce legal para someterse a una interrupción en condiciones generalmente muy precarias y con escaso control sanitario. Además, la mayoría de las denuncias, que han supuesto que unas 400 mujeres fueran procesadas cada año, partían del propio sistema de salud, reacio a practicar abortos por las posibles consecuencias legales.
La decisión judicial acaba con esta situación y obliga ahora a los políticos a legislar y crear de forma inmediata los mecanismos de protección que permitan el acceso seguro y con garantías de todas las mujeres que libremente quieran interrumpir su embarazo. Desde ahora, ninguna colombiana podrá ser denunciada si decide abortar antes de los seis meses. Y, sobre todo, ninguna mujer tendrá que acudir a una clínica clandestina poniendo su vida en riesgo.
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