En Colombia el aborto es un derecho en tres causales (malformación del feto, riesgo de vida para la madre y abuso sexual) y, sin embargo, son cada vez más las mujeres criminalizadas y condenadas por acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque el número de judicializaciones no es constante, desde 2008 hay alrededor de 400 al año, un 320% más que en el 2005. Así lo consigna el detallado informe Criminalización por el delito de aborto en Colombia, hecho por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres e investigadores de la Universidad de Los Andes, que da cuenta de la dimensión del problema que ahora estudia la Corte Constitucional colombiana.
El tribunal estudia una demanda promovida por el Movimiento feminista Causa Justa, que busca eliminar el delito de aborto del Código penal colombiano para evitar que las mujeres se enfrenten a investigaciones y condenas por interrumpir su embarazo. Actualmente existen penas de 16 a 54 meses. De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, 47 países han despenalizado el aborto en las últimas décadas, el último de ellos México. Colombia espera la respuesta de la Corte en los próximos dos meses.
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Persecución a menores de edad
Desde que se permitió el aborto libre y seguro en las tres causales, en el debate público se instaló la idea de que ninguna mujer en Colombia es condenada por ello, aseguran las autoras del estudio. Sin embargo, las cifras arrojan que desde el 2006, 346 mujeres han sido sancionadas y que estas condenas también han aumentado desde ese año. Con un agravante, “las menores de edad son más perseguidas y sancionadas que las mujeres en los demás grupos de edad por este delito”, indica el documento, que alerta de que una cuarta parte de los casos resueltos negativamente corresponde a menores de edad entre 14 y 17 años.
La Mesa ha acompañado legalmente casos como el de Carla, una estudiante de 15 años que vivió en 2018 un proceso de judicialización traumático para ella y su familia. “La estudiante quedó en embarazo como resultado de violencia sexual y, en compañía de su madre denunció ante la Fiscalía sin que se le informara sobre el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con 25 semanas de edad gestacional y con la asesoría de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la adolescente solicitó ante su Entidad Promotora de Salud (EPS) la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por la causal violencia sexual”, recoge el testimonio de la organización. Aunque le hicieron el procedimiento, un empleado de la clínica las denunció ante las autoridades y miembros de la policía judicial las esperaron a la salida de la clínica, intimidaron a la menor y a la madre y las acusaron de haber cometido un homicidio. Después de un viacrucis judicial y mucha estigmatización, el caso fue cerrado.
El informe evidencia también que la persecución judicial es más aguda contra las mujeres del campo. Entre 2010 y 2017, según datos de la Fiscalía, el 97% de las denunciadas por aborto son de zonas rurales. Además, las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos penales cuando son víctimas de delitos como violencia intrafamiliar o abuso sexual. Al menos el 42% de las mujeres que son judicializadas por abortar han sido víctimas de violencia de género.
“El sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres”, ha declarado Ana Cristina González Vélez, cofundadora de La Mesa por la Vida, del Grupo Médico por el derecho a Decidir y pionera del Movimiento Causa Justa.
Personal médico, el principal denunciante
El rol de los médicos se ha convertido en clave para las barreras que enfrentan las mujeres al acceder al aborto. No solo cuando evitan atenderlas o alargar los tiempos de los procedimientos, sino también cuando las denuncian ante las autoridades que en algunos casos llegan a capturarlas en los propios centros médicos. “Encontramos que con mucha frecuencia el personal de salud pone en conocimiento de las autoridades la llegada de mujeres con complicaciones en sus abortos; lo hacen incluso antes de que algún médico evalúe la situación y determine si el aborto fue inducido o no”, dice la profesora Isabel Cristina Jaramillo.
Con esas prácticas, concluye el estudio, no solo violan el secreto profesional, sino que al obtener supuestas confesiones en momentos de vulnerabilidad, hacen que las mujeres se alejen de los hospitales y acudan, en su lugar, a centros clandestinos donde se enfrentan a abortos inseguros o a la muerte.
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