Los investigadores de la Guardia Civil no daban crédito: la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara) que llevaban vigilando desde hacía meses por su nefasta gestión de los desechos tóxicos había salido ardiendo. Fue en la madrugada del 26 de agosto de 2016 y aquel fuego —”provocado de forma intencionada”, según concluyeron las investigaciones— fue el colofón de un caso que puso de manifiesto la desastrosa gestión de los residuos peligrosos que realizan muchas empresas que ofrecen tratamientos low cost para los desechos. Este lunes, cinco años después del incendio, la Audiencia de Guadalajara acoge el inicio del juicio contra los 18 acusados por este caso, entre los que figuran los responsables de la planta y también el exalcalde de Chiloeches César Urrea (PP) y el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Sergio David González (PSOE), que junto a varios técnicos de la Administración autonómica permitieron supuestamente que la planta operara durante años sin los permisos adecuados.
El juicio es por delitos de prevaricación administrativa medioambiental, participación en grupo criminal, gestión peligrosa de residuos, explotación de instalaciones peligrosas y falsedad en documento mercantil. Y la fiscal del caso, Patricia Vilela, solicita penas de más de 144 años de prisión para el conjunto de los acusados.
“Aquello era una bomba de relojería”, recuerda uno de los agentes que llevaba el caso y que se quedó boquiabierto cuando se enteró del incendio de la planta, que no se consiguió apagar hasta cinco días después de iniciarse. Este investigador es una de las más de 100 personas que tendrán que declarar en un juicio que está previsto que dure hasta mediados de diciembre. Juan Andrés García, el alcalde del municipio y miembro de Unidas Podemos, es otro de los testigos. Recuerda bien la desazón de los vecinos de su pueblo, de 3.500 habitantes, ante la nube negra que salía de la planta mientras ardía. “Pasamos mucho miedo porque no sabíamos qué había allí, todavía hoy seguimos sin saber que llevaba aquella nube”, recuerda.
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Cinco años después la parcela está limpia; las Administraciones se gastaron alrededor de 15 millones en la recuperación. “Aunque el subsuelo está contaminado tras años de acumulación de residuos”, añade García. Pero, además del rastro en Chiloeches, este caso de gestión pirata de desechos peligrosos también contribuyó a un endurecimiento de la legislación en materia de residuos que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados.
“Fue un hito importante que obligó a reflexionar sobre los fallos en los controles de las Administraciones en la gestión de los residuos”, opina Carlos Arribas, responsable del área de residuos en Ecologistas en Acción. El foco se puso claramente sobre la gestión que se realizaba en la planta de Chiloeches. La Fiscalía describe en su escrito de acusación cómo en estas instalaciones se recibían “ingentes cantidades de residuos peligrosos a los que, sin darles el preceptivo tratamiento y valorización” eran mezclados “con residuos no peligrosos, fundamentalmente lodos procedentes del reciclado de papel”. Luego se trasladaba la mezcla a un vertedero de residuos de construcción de Valdemingómez (Madrid) que “carecía de autorización para la recepción de dichos residuos peligrosos”. Por esta vía se llegaron a camuflar 50.000 toneladas de desechos que, en vez de ser tratados adecuadamente, se llevaron a un vertedero no acondicionado.
Tras este caso también surgieron interrogantes sobre las empresas que entregaban miles de toneladas de residuos a los gestores de la planta de Chiloeches y se desentendían del tratamiento que se les daba. Los agentes determinaron que los residuos tratados y almacenados incorrectamente en estas instalaciones procedían de la industria farmacéutica, la limpieza en seco y la fabricación de tintes, pinturas, adhesivos, perfumes y pesticidas. La legislación actual “exonera de responsabilidad” a las empresas que generan los residuos una vez que los entregan a los gestores. Pero en la nueva ley de residuos que se está tramitando se intenta atajar este problema y se fija la obligación de que los productores garanticen “un tratamiento final adecuado” de los desechos. Lo podrán hacer ellos mismos o se lo podrán encargar a terceros, pero en este último caso “la responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo concluirá cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo”.
“Si hubiera estado en vigor esta ley creo que no se hubiera dado esta gestión irresponsable”, opina Arribas. “A partir de ahora las grandes empresas van a mirar con lupa a quienes les dan sus residuos”, añade este miembro de Ecologistas en Acción.
Luis Palomino, secretario general de Asegre, una asociación empresarial que representa a los gestores de residuos peligrosos, también considera que en la modificación que se está tramitando sobre la responsabilidad de las empresas que generan los residuos “podría tener su origen” en el caso de Chiloeches. Pero añade otro gran y polémico incendio, el de vertedero de neumáticos de Seseña, que también salió ardiendo en 2016. Además, un informe de la Comisión Europea de finales de 2018 ya advertía de que era necesario que en los países miembros de la UE se implantaran normas para “establecer y hacer cumplir plenamente la responsabilidad compartida de los productores de residuos y otros operadores de la cadena de gestión de residuos peligrosos”. Es decir, que no se puedan desentender del tratamiento que reciben sus desechos.
La planta de Chiloeches era un claro ejemplo de mala gestión de los residuos, según se determinó en la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil. Durante una década, desde 2006, los propietarios y gestores de estas instalaciones —a través de sus empresas KUK Medioambiente SL y Grupo Layna Tratamiento de Residuos SL— operaron sin licencia municipal y sin una autorización ambiental en regla. Y pese a los vertidos e irregularidades flagrantes en la gestión de la planta detectados en varias inspecciones, las instalaciones siguieron funcionando por la “dejación deliberada de sus responsabilidades en materia de prevención e impacto ambiental” de varios funcionarios y altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha, según la Fiscalía.
A partir de 2015 los cinco propietarios y gestores de las dos empresas —para los que el ministerio público pide entre 14 y 19 años de prisión para cada uno— dieron un paso más y se dedicaron supuestamente a camuflar los residuos peligrosos para llevarlos al vertedero de desechos de construcción de Valdemingómez. Esas instalaciones no estaban autorizadas a recibir basuras tóxicas y, según la Fiscalía, sus responsables sabían de la ilegalidad, por lo que pide nueve de años de cárcel para el gerente del vertedero.
La patronal Asegre denunció a principios de 2016 las irregularidades de la planta de Chiloeches al considerar que estaban incurriendo en una competencia desleal por los bajos precios que fijaban para el tratamiento de los desechos. Esta asociación contrató los servicios de una agencia de detectives, que logró filmar cómo se mezclaban los residuos y se camuflaban en los camiones para su traslado. Esa investigación sirvió para apuntalar este caso que, cinco años después, llega a juicio.
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