Los nuevos ministros del Gobierno de Chile, de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, de Interior, Carolina Tohá, de Energía, Diego Pardow, y de Salud, Ximena Aguilera, en La Moneda, Santiago.Alberto Valdes (EFE)
Tres días después de la debacle electoral del oficialismo chileno en el plebiscito por una nueva Constitución, donde se impuso el rechazo con un 61,8%, el Congreso en Valparaíso esta tarde ha sido la sede de las primeras conversaciones oficiales para darle continuidad al proceso constituyente. Es parte del consenso político: aunque la ciudadanía rechazó la propuesta hecha por la convención constitucional, Chile no quiere quedarse con la actual Carta Magna y así lo expresó un 78% de la gente en el plebiscito de entrada, en octubre de 2020. El presidente Gabriel Boric determinó que será en el Parlamento donde se alojarán las negociaciones, en parte porque el Ejecutivo no puede seguir concentrándose en el proceso constituyente, sino en las urgencias de la vida diaria de sus compatriotas. Por La Moneda, sin embargo, la flamante ministra socialista Ana Lya Uriarte —que asumió este martes en reemplazo de Giorgio Jackson en la secretaría general de la Presidencia— acompañó a los presidentes de las dos cámaras en la reunión con todos los partidos con representación parlamentaria. El objetivo central: comenzar a diseñar el nuevo itinerario.
“El objetivo de esta coordinación ha sido resolver el itinerario constituyente, no abordar otras temáticas que forman parte del debate político nacional”, explicó el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, que anunció que las conversaciones continuarán el lunes a las nueve de la mañana en la sede del Congreso en la capital. Elizalde recalcó que no se trata de negociaciones para redactar una nueva Constitución, sino “establecer el procedimiento más idóneo, elaborar un texto que sea acogido y apoyado por la gran mayoría de chilenas y chilenos”, agregó el líder del Senado.
El presidente de la Cámara de Diputados, en tanto, el centroizquierdista Raúl Soto, del PPD, aseguró que existe consenso en “avanzar juntos, sin prisa, pero sin pausa” y destacó que en esta primera reunión participaron desde parlamentarios del Partido Republicano, del ala dura de la derecha, hasta el Partido Comunista. “Este es un hito histórico, no sólo para el Congreso Nacional, sino para el país”, añadió Soto.
Es el tercer intento por una nueva Constitución. En el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se llevó a cabo un proceso constituyente ciudadano que permitió la redacción de un proyecto de ley para cambiar la Carta Fundamental vigente. Pero como fue presentado en las últimas horas de mandato, no hubo continuidad. Su sucesor, Sebastián Piñera, subestimó la demanda por una nueva Constitución y luego, solo recién del estallido social de 2019, se retomó el proceso para darle una salida institucional a ese complejo momento político. La convención y su propuesta —que fue rechazada el domingo pasado— era el segundo intento. Lo que se emprende ahora, por lo tanto, se trata de la tercera oportunidad de Chile para cambiar la ley de leyes y, según algunos analistas, la última. Es la presión con la que trabaja el Congreso y el propio Ejecutivo, mientras alguna parte de la ciudadanía comienza a presionar.
Desde el mismo domingo se han sucedido los desórdenes callejeros. Este miércoles, nuevamente, estudiantes de establecimientos públicos de la capital han salido a las calles con protestas violentas y han provocado grandes interrupciones en la red de metro durante toda la jornada, con grupos de jóvenes saltando torniquetes sin pagar el billete. El Gobierno, en un evidente giro tras el cambio de Gabinete de este martes, anunció seis querellas por desórdenes y violencia en las manifestaciones convocadas este martes por secundarios. El subsecretario del Interior, el socialista Manuel Monsalve, informó que se arrestaron a 45 personas por esos incidentes en la Alameda, la principal avenida de Santiago. Monsalve aseguró que el Gobierno estudiará si se presentan querellas por las protestas de este miércoles.
El tema de la seguridad pública se ha convertido en una prioridad de La Moneda de Boric tras el plebiscito. Uno de los análisis que se realizan apuntan a que la ciudadanía castigó al Gobierno que, abiertamente, estaba por aprobar el texto. Las demandas por el control de la delincuencia y la situación económica se han instalado con fuerza entre la ciudadanía y, justamente en esta línea, han debutado las nuevas autoridades del Ejecutivo. “Los chilenos y chilenas esperan que el Gobierno ponga las prioridades donde las tienen ellos y ellas. Esperan que estos cambios sirvan para mejorar la manera en que atendemos sus necesidades. Esperan que logremos llegar antes, mejor. Esperan que nos hagamos cargo de su demanda de seguridad y diálogo (…) Mover nuestra capacidad de llegar a acuerdos con todos los sectores (…) En el caso del ministerio del Interior, donde sabemos que hay un desafío enorme de articulación política y de atender a la demanda de paz y seguridad, vamos a poner toda la energía para responder a los chilenos y chilenas que esperan mejorías en su vida cotidiana”, dijo el martes la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, poco después de asumir.
Hasta ahora solo hay acuerdo en que continuará el proceso por una nueva Constitución. Falta resolver si habrá un plebiscito de entrada —lo que no parece probable—, si se convocará primero a un comité de expertos para facilitar el trabajo de una eventual convención, los plazos de trabajo de un nuevo órgano, la composición, entre otros asuntos. Dado que el 2024 son las elecciones municipales y en 2025 las parlamentarias y presidenciales, resulta lógico que el tema constituyente pueda quedar resuelto en 2023. En estos días ha dado vuelta la iniciativa de que un nuevo plebiscito de salida se celebre el 4 de septiembre del próximo año para que cuando se cumplan los 50 años del golpe de Estado —el 11 de septiembre de 2023—, la Constitución de Augusto Pinochet ya haya sido superada.
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