El Gobierno ha informado este lunes del comienzo de los trabajos preparativos para exhumar a 77 personas que fueron trasladadas al Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias durante la dictadura franquista. Se trata de un viejo compromiso político y de una reclamación aún más antigua de los descendientes de las víctimas.
El lunes de la semana pasada, falleció a los 97 años Manuel Lapeña, que llevaba más de una década reclamando los restos de su padre y de su tío y que desde 2016 tenía una sentencia favorable a las exhumaciones. Mercedes Abril, de 88 años, lamenta que su “amigo” y compañero en la lucha por recuperar los restos del Valle de los Caídos haya muerto esperando. “Llevamos tanto tiempo peleando por esto que nos hemos convertido en una familia. El pobre Manuel ya no podrá verlo. Ya quedamos muy poquitos hijos. Estoy contenta de que por fin comiencen los trabajos, pero me da miedo que vuelvan a pararlo. Estamos muy escarmentados”. Mercedes busca a Rafael, su padre. Acababa de cumplir tres años cuando se lo llevaron para fusilarlo, en 1936. “A mí me mataron a mi padre y a mi hermano, porque al día siguiente de que se lo llevaran, mi madre dio a luz a un niño que solo vivió diez días”, relata. Mercedes, delicada de salud, espera que los trabajos avancen rápido y que los forenses puedan localizar los restos de su padre. “Quiero llevarlo a Valladolid y enterrarlo con su mujer, mi madre, que murió hace 11 años”. Fausto Canales, que también reclama los restos de su padre y de su tío, se muestra “contento y satisfecho, esperanzado y expectante”. También lleva muchos años peleando por esto y en 2012 incluso llevó su caso al Tribunal de Estrasburgo.
En el mausoleo yacen, al menos, 33.833 personas (el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel) y, entre ellos, centenares de republicanos que fueron trasladados de forma clandestina durante la dictadura franquista. Las obras del Valle de los Caídos se demoraron mucho más de lo previsto (19 años), lo que provocó que muchas viudas de soldados del bando nacional no desearan exhumar los restos para trasladarlos al mausoleo. El régimen recurrió entonces a fosas comunes “de rojos”. Sus familias nunca fueron informadas de los traslados, como ocurrió también en algún caso de víctimas del bando nacional.
En octubre de 2019, tras una larga batalla judicial con los herederos del dictador, el Gobierno exhumó los restos de Franco para llevarlos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, como primer paso para la resiginificación del monumento. El traslado alivió a los familiares de republicanos que consideraban un insulto que su ser querido estuviera enterrado “junto al verdugo”, pero no aplacó su deseo de recuperar los restos.
La primera medida para facilitar las exhumaciones es la instalación de una “infraestructura técnica” para la organización de los equipos. En los siguientes días se delimitará la zona de intervención, que tendrá varias fases: se habilitará el acceso a los columbarios de las criptas, asegurando las estructuras arquitectónicas; posteriormente, los forenses intentarán localizar los restos de las personas reclamadas y realizarán los análisis genéticos para su identificación; finalmente, se mejorarán las condiciones de conservación de los columbarios, algunos muy dañados, lo que para el Ministerio de la Presidencia permitirá “la dignificación global de las criptas”. Los trabajos, según el Gobierno, no afectarán a los oficios religiosos ni a las visitas.
El pasado marzo, tres meses después de aprobar definitivamente los Presupuestos, el Ejecutivo destinó una partida de 665.000 euros para intervenir en el Valle de los Caídos y poder devolver los restos a las familias que los reclaman. Para entonces, expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya habían elaborado un concienzudo informe sobre el estado de las criptas. Un portavoz del Ministerio de la Presidencia asegura que el retraso en el inicio de los trabajos se debe a que se ha buscado “un nivel de organización exquisito” entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Patrimonio Nacional y el Consejo Médico Forense y que “también han repercutido las fechas, con el mes de agosto entre medias”.
El Gobierno asegura que el proceso es “el más complejo de los que se han acometido en el país” y el secretario de Estado de memoria democrática, Fernando Martínez, advierte de que “más de 60 años después de los traslados al Valle de los Caídos, las dificultades técnicas son muy grandes, por lo que entrar en las criptas no garantiza necesariamente que se encuentre a las personas que se buscan”. No obstante, añade, se van a destinar “todos los medios y los mejores expertos para poder entregar a las familias a sus seres queridos siempre que sea posible”.
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