La Comisión Europea les pidió hoy a los gobiernos de la Unión Europea (UE) que no concedan ayudas públicas en el marco de sus medidas de estímulo ante la crisis del coronavirus a empresas vinculadas con países incluidos en la lista europea de paraísos fiscales, que en la actualidad está integrada por 12 jurisdicciones.
En la misma línea, Bruselas también abogó por aplicar restricciones en el caso de empresas que fueron condenadas por “delitos financieros graves”, como fraude, corrupción o impago de impuestos y cotizaciones sociales, entre otros, reportó EuropaPress.
Margrethe Vestager-
Europapress
En todo caso, sólo es una recomendación por parte del Ejecutivo comunitario porque corresponde a los Estados miembros decidir, en primer lugar, si destinan fondos públicos a ayudar a su tejido empresarial y, en segundo lugar, establecer condiciones para conceder este tipo de apoyo excepcional.
Situación excepcional de apoyo excepcional
“Estamos en una situación sin precedentes, en la que se conceden a las empresas volúmenes excepcionales de ayuda pública en el contexto de la pandemia de coronavirus. Resulta particularmente inaceptable que las empresas receptoras de ayudas públicas mantengan prácticas de elusión fiscal en las que intervengan paraísos fiscales”, defendió la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
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En particular, las orientaciones de la Comisión sugieren que “no deben recibir apoyo público las empresas que tengan vínculos con países y territorios” que estén considerados como paraísos fiscales. Para identificarlos, Bruselas aboga por utilizar la lista europea de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, creada en 2017.
En la actualidad, esta lista ‘negra’ está compuesta por Samoa Americana, Islas Caimán, Fiji, Guam, Omán, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Vanuatu y Seychelles.
Condiciones para ayuda financiera
El Ejecutivo comunitario quiere también establecer una serie de condiciones a las que debería supeditarse la ayuda financiera, así como una serie de excepciones “estrictas” al criterio general para “proteger a contribuyentes honrados”.
De esta forma, propone que empresas que mantengan vínculos con paraísos fiscales puedan acceder a las ayudas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si demuestran que han abonado los impuestos correctos o acreditan una presencia económica real en el país que forma parte de la lista ‘negra’.
Aun así, las autoridades comunitarias aconsejan a los Estados miembros que introduzcan “sanciones adecuadas” para evitar que las empresas que soliciten ayudas faciliten información falsa e inexacta con el objetivo de beneficiarse de estas excepciones.
Los gobiernos europeos que adopten medidas en línea con estas recomendaciones tendrán que informar a la Comisión Europea, que elaborará un informe de impacto sobre las mismas en el plazo de tres años.
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