La comisión presidencial creada para investigar el caso Ayotzinapa ya cuenta con “una reconstrucción de hechos totalmente definida y quiénes participaron”, afirmó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
En entrevista con el diario La Jornada, Encinas, quien también preside la Comisión, precisó que aún persisten algunos “cabos sueltos”, como dónde fueron llevados los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
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“Vamos a decir la verdad. No tenemos nada qué ocultar. No vamos a utilizar ningún cálculo político para fabricar conclusiones. Yo no voy a prestarme a hacer eso”, afirmó el funcionario federal durante la entrevista.
Encinas Rodríguez reveló que la investigación abierta en Estados Unidos está haciendo un seguimiento del grupo delictivo implicado, Guerreros Unidos, pero “ellos están haciendo el propio rumbo de su investigación sobre narcotráfico; no tienen ninguna conclusión en lo que se refiere a la desaparición de los muchachos”.
También explicó que, el gobierno estadounidense ya entregó un primer paquete que ha permitido ampliar el expediente en México, como respuesta a la solicitud al respecto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
En consecuencia, tienen contemplado impulsar búsquedas en terrenos en Iguala, y “probablemente estemos trabajando” en el municipio colindante a Cocula, Eduardo Neri, agregó Encinas.
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En cuanto a los interrogatorios de detenidos, el subsecretario de Gobernación explicó que muchos de ellos buscan acogerse a la figura de beneficio del criterio de oportunidad. Sin embargo, varios de los detenidos “dicen verdades a medias para evitar ser inculpados, hay que decirlo también con toda franqueza”.
Finalmente, lamentó que las torturas que aplicaron las autoridades anteriores a los interrogados se haya convertido en “un obstáculo grave”, porque a muchos les permitió quedar en libertad.
El pasado viernes la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) hizo públicas conversaciones entre presuntos delincuentes y agentes policiales implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Entre la información divulgada destaca que un jefe regional del grupo delictivo, Guerreros Unidos, pidió al comandante de la Policía Municipal de Iguala que le entregara a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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El 26 de septiembre de 2014, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, entonces jefe regional de los Guerreros Unidos, pidió a Francisco Salgado Valladares, jefe policial de Iguala, que le entregaran a todos los normalistas detenidos ese día.
Salgado Valladares, o “Ignacio”, como se le identifica en el documento, le reportó a “El Gil” que tenía a varios “ayotzinapos” detenidos que andaban encapuchados y armados.
Ante la divulgación de los documentos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró “riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma”.
A través de su cuenta de Twitter, la organización sostuvo que, como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, “no participamos de la decisión de publicar así los documentos”.
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“Se confirma que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por Decreto Presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”, publicaron a través de un hilo, en el que consideraron que “dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder”.
La organización advirtió que, “ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas”.
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