Hoy, 29 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Comité contra la Tortura de la ONU sobre el caso de Ronald James Wooden.
En abril de 2013, Wooden y su esposa fueron amenazados con un machete por su vecino Raúl Flores Arizmendi, quien dijo ser parte del cártel “Guerrero Unidos”. James llamó a las autoridades y, cuando llegaron los policías del Ayuntamiento, Arizmendi les ordenó aprehender al ciudadano estadounidense, quien se resguardó en su taller de artesanías. Los oficiales derribaron la puerta y lo detuvieron (posteriormente, Ronald James Wooden acusó que la aprehensión se realizó con “fuerza desmedida”).
Durante su traslado a la comandancia municipal, los policías lo golpearon y amedrentaron. James Wooden fue encerrado sin que se registrara su detención y, dentro de su celda, fue brutalmente golpeado, pateado y torturado por lo menos durante 3 horas. Su esposa tuvo que pagar 200 pesos para que liberaran a su esposo por la supuesta “falta administrativa” que habría cometido.
En 2016, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, James Wooden denunció a los policías municipales por tortura y a sus vecinos como secuestradores e integrantes de la delincuencia organizada.
Sin embargo, hasta ahora, el Estado mexicano solo ha realizado investigaciones por “lesiones” contra Wooden y “daños a su vehículo”. Después de casi 9 años, la Fiscalía General del estado tampoco ha investigado el caso de tortura.
Al respecto, el Comité contra la Tortura de la ONU exige al gobierno mexicano realizar una “investigación imparcial, exhaustiva, efectiva e independiente sobre los hechos de tortura”; procesar, juzgar y castigar “con penas adecuadas a las personas halladas responsables”; dar una indemnización y tratamiento a la víctima y a su familia; así como adoptar medidas para asegurar que no se repita un suceso como éste.
“Las investigaciones por la Procuraduría General de la República se reiniciaron tres años después de producirse los hechos, sin que se haya justificado la excesiva dilación de las investigaciones ni se haya proporcionado una información oportuna al autor sobre el avance de las mismas”, señaló el Comité sobre los incumplimientos de las autoridades mexicanas.
Según la organización, el gobierno mexicano no ha cumplido con las obligaciones de los artículos 1 y 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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